Por Shanik David
La ciclopista del boulevard Hermanos Serdán a penas se encuentra en etapa de construcción y ya ha levantado críticas desde diferentes sectores por su diseño y el alto costo que representa.
Una de las voces que se han levantado es la del Consejo Ciclista Poblano, quienes han iniciado una colecta de firmas a través de redes sociales para exigir a las autoridades estatales que se abra un diálogo sobre el proyecto, al cual no se le ve, de entrada, ninguna función de movilidad.
Esto lo dijo Armando Pliego, representante de la organización ciclista, al referir que ya en ocasiones anteriores se han hecho observaciones a las autoridades sobre proyectos similares como la ciclopista de la Vía Atilxcáyotl y el Parque Lineal Universitario, y aunque se escucharon las opiniones de los activistas al final los proyectos se desarrollaron como se tenían planteados.
Sin embargo, en este caso no sólo son las organizaciones las que han levantado la voz, sino que regidores del ayuntamiento también han señalado las anomalías que presenta el diseño de esta nueva infraestructura ciclista, pues no cumple con los lineamientos establecidos en la Norma Técnica de Diseño e Imagen, además de que no se siguen los criterios establecidos en el Plan de Movilidad No Motorizada.
Por esta razón, los regidores de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Juan Carlos Espina Von Roehrich, Myriam Arabian Couttolenc y Adán Domínguez pidieron al gobierno del estado el proyecto ejecutivo de esta obra, la cual incluso no fue autorizada por el ayuntamiento previo al arranque de los trabajos.
Estos son algunas de las irregularidades administrativas que describió Pliego, esto sin mencionar que ciclopista no sólo no es factible, sino que no abona a la seguridad de quienes usan las bicicletas como medio de transporte.
Explicó que la idea de colocar puentes para que los ciclistas circulen de manera segregada fomenta la imagen de que los automovilistas no tienen por qué respetar a quiénes usan mecanismos alternos de transporte, lo cual en consecuencia hace que aumenten los accidentes.
Es más, refirió que la idea de continuar con los diseños de puentes para que circulen los ciclistas representa una contradicción con los proyectos de movilidad del ayuntamiento de Puebla, pues mientras la Comuna se encuentra en proceso de implementar el sistema de bicicletas públicas, el uso de estos pasos elevados dan el mensaje de que los ciclistas no tienen lugar en la vía pública.
Además la infraestructura en sí no cumple con una función de movilidad, pues el recorrido que cubre es corto, y pareciera que la única necesidad que busca cubrir es la del gobierno de ejecutar obras que se vean, puntualizó el activista.
La poca función de movilidad queda en evidencia desde los términos usados por las autoridades, continuó, pues una ciclovía es la infraestructura diseñada a nivel de piso, dentro del arroyo vehícular, para cumplir con una función de transporte; en cambio, las ciclopistas -término que usa el gobierno- tienen sólo una función recreativa y deportiva.
Diputados piden auditoría
Otras voces se levantaron desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidieron que se audite este proyecto.
“La obra en comento tendrá una longitud de 6 kilómetros. Por sus dimensiones y costos, se convertirá en una de las más caras del país, en virtud de que cada kilómetro tendrá un costo aproximado de 36 millones 177 mil 95 pesos, lo cual constituye una obra más con poco impacto social”, describen los diputados en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es por el sobrecosto, y las anomalías que se han reportado en otras obras ejecutadas por las empresas que ganaron la licitación Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta, en asociación con FATPAD Proyectos, que se pidió desde el Legislativo federal que se haga una revisión de la obra.
El punto de acuerdo requiere que sea por medio de la Auditoría Superior del Estado que se fiscalicen los recursos destinados a este proyecto, las licencias de construcción y de impacto ambiental, así como el proceso de adjudicación del contrato.
