Por Shanik David
En la actualidad cerca de dos mil trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no reciben prestaciones de ley por parte de la casa de estudios pues se encuentran contratados por empresas de outsourcing, lo que implica que si bien brindan servicios a la universidad no existe en papel una relación contractual con ésta.
El caso más conocido es el de los trabajadores de las Farmacias Flemming quienes desde hace ocho años buscan que se les reconozcan sus derechos laborales pues a pesar de que iniciaron sus contratos directamente con la BUAP, de manera arbitraria se les cambió el esquema y se les contrató por una empresa externa perdiendo su antigüedad.
Este escenario se vive en otras áreas de la universidad, como son el Hospital Universitario, el Complejo Cultural Universitario, o las áreas de vigilancia y limpieza, describió el abogado Abelardo Cuéllar Delgado, quien lleva los recursos legales que han presentado los trabajadores.
Señaló además que en la unidad académica de Tecamachalco se despidió a al menos cuatro personas para poner en su lugar a empleados de empresas de outsourcing.
Además, aunque las autoridades justifican que estas contrataciones externas responden a que se buscan personas con capacitación diferente para desempeñar las labores, hay áreas en las cuales personal sindicalizado y de contratación externa desempeñan exactamente las mismas funciones.
Si bien esta ha sido una práctica administrativa que se ha implementado desde el período de Enrique Agüera, ha sido con Alfonso Esparza Ortiz que se ha fortalecido e incrementado considerablemente esta forma de contratación, comentó el abogado.
Entre las primeras investigaciones que se han hecho, continuó el abogado, se ha detectado que muchas de las empresas que brindan este servicio de proveer personal son originarias de Oaxaca, por lo que no se descarta que haya algún tipo de vinculo entre los accionistas de éstas y funcionarios universitarios.
Ante estos movimientos algunos trabajadores han tomado acciones legales al respecto, como fue el caso de José Luis Amador López, quien trabajaba en el área de vigilancia de la universidad y en 2008 pasó a formar parte de la empresa Vigilancia Corporativa del Sureste.
Por esta razón interpuso un recurso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la cual después hacer el análisis de la situación resolvió que había pruebas suficientes para acreditar que el quejoso sí trabajó para la universidad en el período del 1 de junio de 2008 al 31 de enero de 2011.
Por lo tanto, se determinó que la BUAP debería recibir el salario actual que le correspondería por el puesto que desempaña, “con todas y cada una de las prestaciones que reciben el resto de los trabajadores universitarios, consagradas en el Contrato Colectivo de Trabajo que tiene celebrado la demandada con el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, incluida la seguridad social”.
