Por Shanik David
A menos de una semana de que se venza el plazo para la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en Puebla se reporta una operación parcial de este nuevo modelo de justicia oral.
Esto se indica en reportes de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) -con corte al 10 de junio- donde se indica que sólo nueve estados tienen una operación parcial, entre los que se encuentra Puebla junto con Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Tlaxcala, la Ciudad de México y Nayarit.
Sin embargo se menciona que en Puebla ya se aplica este modelo en los juzgados federales, e incluso ya se usan mecanismos alternos de resolución de conflictos -según reporta la Procuraduría General de la República-, por lo que lo faltante corresponde únicamente al Tribunal Superior de Justicia del estado.
En el reporte del SETEC se señala que sería para el 17 de junio, justo un día antes de la fecha límite, cuando se termine la implementación “en la región Centro Poniente”, lo que implica que en la actualidad sólo se tiene cubierto el 51.81 por ciento de la población de la entidad con este modelo de justicia.
La falta de cobertura respondería a que faltan por ponerse en marcha tres Casas de Justicia -en Cholula, Atlixco y San Martín Texmelucan-, así como el Centro de Justicia de la ciudad de Puebla, según dio a conocer a medios locales el presidente del TSJ Roberto Flores Toledano.
Aunque, cabe señalar, el caso de San Martín Texmelucan no estaba programado, pues este municipio forma parte del Distrito Judicial de Cholula, explicó Víctor León Castañeda, diputado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Local, quien explicó que esta es una casa de justicia adicional por lo que de no inaugurarse en la fecha programada no afecta la implementación del sistema.
Añadió que si bien no considera que haya algún retraso en la aplicación de este sistema oral, para el cual se han hecho adecuaciones legales y la construcción de infraestructura, dijo que en la comisión que encabeza se analiza pedir un informe al TSJ y a la Fiscalía General del Estado para que reporten los avances y áreas que faltan por atender.
Incluso, el diputado señaló que al tratarse de un esquema completamente diferente al que se aplica en la actualidad en el país, si bien el 18 de junio se vence el plazo de ocho años que se dio para hacer los ajustes técnicos, operativos, de capacitación e infraestructura, lo que sucederá es que se entrará en un proceso de aprendizaje pero que el sistema operará en forma hasta dentro de algunos meses.
