Por: Juan Manuel Mecinas
Escuché el debate de los candidatos a gobernar el Estado y las posiciones son pendulares: seguimos por el mismo camino o enmendamos la plana y cambiamos el rumbo.
Sin embargo, ninguno de los candidatos a sentarse en la silla principal de Casa Puebla parece tener en cuenta que sólo gobernarán durante poco más de veinte meses.
El PRI, el PRD y la candidata independiente –omito a Morena y su candidato dormido– ofrecen un cambio para dejar atrás el morenovallismo (lo que no sabemos es qué aspectos específicos y cómo lo harán), aunque sus propuestas no parecen dividirlas en el corto, mediano y largo plazo. Para las candidatas, el panorama es uniforme: llegar al poder y cambiar lógicas que arrastran vicios de décadas. De un plumazo. Sin pacto alguno. Como por acto de magia.
Por su parte, el candidato del PAN propone un continuismo, sin precisar qué aspectos mejorará. Tony Gali tiene una fe ciega en el la palabra empeñada ante notario (como si eso mejorara sus propuestas), aunque olvida que a las promesas se las lleva el viento, por más formalidad que la respalde, si no hay persona o pueblo que exija su cumplimiento.
Gali propone seguir por la ruta de Moreno Valle y no volver al pasado oscuro, corrupto, autoritario –por cierto, desde el cuál él y su jefe surgieron– y sólo quiere mirar las bondades y las obras de su mentor.
Las carencias las omite.
Los errores ni los menciona.
La crítica sólo es válida si se refiere al pasado.
El pasado sólo es de 2010 hacia atrás.
En su plan, el Estado tiene que seguir la suerte de la capital.
El plan de las obras y los puentes.
Y en eso Gali se equivoca al igual que se equivocó Moreno Valle, porque el gobierno actual y el que lideraría Gali –si las encuestas aciertan– parecen entender su éxito en relación al cemento y la varilla.
Dada la situación del Estado, hace falta que el candidato y las candidatas puedan ofrecer un plan para reconstruir el tejido social en el Estado.
Un programa para dejar atrás a los melquiadistas, a los marinistas y a los morenovallistas.
Hace falta, pues, un acuerdo de Estado.
Un plan que considere a los 4 millones de pobres del Estado como parte de una realidad que nos afecta y no como una carga o una simple clientela electoral.
El reto es simple, pero de difícil implementación.
No sólo se necesitan puentes y carreteras.
Hace falta el diálogo y la concesión. Precisamente esto último es lo que el gobierno actual ha negado una y otra vez. Una concesión, no hacia las élites de la anterior administración –eso se llama impunidad y eso sí lo hizo–, sino hacia sus críticos. Aceptar que no todo es bueno desde hace seis años y que no todo se ha hecho bien. Y admitir que, entre quienes lanzan una crítica al gobierno se puede distinguir a aquellos que quieren lucrar (los periodistas tlacoyeros, por ejemplo); aquellos que políticamente son sus adversarios y buscan golpearlos; y, por último, a aquellos ciudadanos, periodistas, taxistas, amas de casa, estudiantes, constructores, trabajadores o desempleados que simplemente no están de acuerdo con la forma en que gobiernan.
Bien le iría al Estado si el(la) próximo(a) gobernador(a) está dispuesto(a) a aceptar el disenso.
No importa el partido.
Lo que tendría que distinguir es que la adulación no mejora nuestra calidad de vida y la exclusión de los disidentes aumenta la brecha social en la que unos parecen los buenos y otros los malos. Una brecha en la que no hay lugar para matices. Una brecha en la que todo es blanco o todo es negro. Una brecha de amigos y enemigos. Una brecha poco democrática y muy fascista.
