Por Shanik David
El acuerdo que aprobaron los consejeros del Organismo Público Local Electoral para negarle el registro a Ana Teresa Aranda Orozco carece de sustento legal, razón por la cual éste fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En lo que respecta al punto concreto de las cédulas de apoyo que fueron declaradas inválidas, la aspirante a la minigubernatura denunció que hubo varias anomalías, pues en primer lugar ya había pasado el plazo establecido para que el Ople emitiera observaciones sobre estos documentos.
Recordó que originalmente el Instituto Estatal Electoral le había requerido que corrigiera poco más de tres mi 900 cédulas que tenían datos incorrectos, de las cuales sólo pudo corregir dos mil 500.
Sin embargo, en el acuerdo aprobado el pasado viernes con el cual se le negó el registro, se señalaron que había 86 mil 139 firmas que no cumplían con la norma por diferentes cuestiones, pero en ningún momento se mencionan las tres mil 900 que se le observaron originalmente.
“Este acuerdo lo generaron dos horas antes de la sesión, y como lo hicieron rápido ni siquiera sus propias cuentas les cuadran”, acusó la expanista, al referir que incluso el IEE no tiene facultad para decir si las firmas son falsas o no, porque no hay un lineamiento legal que le autorice hacer esto.
Además, refirió que si bien el argumento que presentó el representante de Acción Nacional en el Ople, Oscar Cruz, refería que ella no cumplía con el requisito de eligibilidad al haber sido consejera nacional del PAN éste también carece de validez de acuerdo a lo que ha determinado en otros casos el TEPJF.
Explicó que el impedimento para participar como candidatos independientes es para las personas que en el año antes a la elección ocuparon un puesto directivo, el cual para el Tribunal consiste en puestos dentro de la estructura administrativa de los partidos políticos, es decir que reciban salarios y tengan obligaciones y personas subalternas en el cargo; en el caso de la consejeria vitalicia que tiene, explicó que ésta es una posición honoraria que obtuvo luego de haber ganado siete elecciones consecutivas para formar parte del consejo.
Es más, recordó que el 2 de abril de 2015 presentó su renuncia al PAN, y dada la negativa del partido para aceptarla acudió a una reunión del consejo nacional el 29 de agosto del mismo año, con el único objetivo de encontrarse directamente con Ricardo Anaya para pedirle que le validara su renuncia; “para que una asistencia al consejo sea valida tiene que haber firma de llegada y de salida, en mi caso sólo firmé para entrar”, refirió.
Por si esto fuera poco, su abogado Víctor León Rueda destacó que ninguna ley se puede aplicar con carácter retroactivo, de tal manera que si la elección se llevará a cabo el 5 de junio, la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales donde se estableció el requisito de un año de no militancia e algún partido político se tuvo que haber hecho antes del 5 de junio de 2015, para dar posibilidad a los aspirantes a que tomaran las medidas necesarias.
En cambio, la reforma se hizo hasta el 22 de agosto, con lo cual se imposibilitaba el cumplimiento de una norma de la cual no se tenía conocimiento previo, de manera que este lineamiento es impugnable por todas las vías y se estima que sería desechado una vez más por el TEPJF.
Aranda Orozco resaltó que este es el último recurso que le queda para poder obtener su registro y que será una vez que se tenga la resolución del Tribunal que se buscaría presentar una denuncia penal en contra de Jacinto Herrera, consejero presidente del Ople, y Dahlel Lara, secretaria del organismo, por la manipulación, alteración y falsificación de los documentos que presentó.
Ana Tere lamentó que esta situación de que se haya buscado por todas las vías que no haya candidatos indenpedientes en la boleta tiene como objetivo que “nadie se atreva a reñirle a su delfín a posibilidad de ser el siguiente gobernador”, pero lo que hace es que se daña de manera irremediable el proceso democrático, pues se deja sin alternativas reales a los ciudadanos.
