Por Shanik David
Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, sí ha habido avances en la resolución de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso de San Bernardino Chalchihuapan, por lo que incluso desestimó el informe que presentó el presidente de dicho organismo, Luis Raúl González ante el presidente de la república.
El funcionario estatal explicó que el informe que presentó el ombudsman “como decía en las mamparas que había en el evento” corresponde a lo hecho en 2015, y es el mismo documento que presentó a finales del año pasado ante el Congreso de la Unión pero que “por cuestiones de agenda” fue hasta ahora que se entregó al Ejecutivo nacional.
Con esto argumentó que el informe al no estar actualizado no contempla lo hecho tanto por la propia comisión como por el gobierno de Puebla en el primer trimestre del año, por lo que si de indica el incumplimiento de la recomendación 2VG/2014.
En el caso de Chalchihuapan se ha avanzado mucho, continuó, y un ejemplo de esto fue la disculpa pública que se dio el pasado 23 de marzo; dijo que ésta se dio con apego a protocolos internacionales y que se cubrió todo lo requerido: la presencia de Elia Tamayo -madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo-, los pobladores que fueron heridos, familiares, amigos y sus abogados, en un lugar que ellos mismos escogieron.
Sin embargo, destaca que la disculpa la dieron funcionarios de segundo nivel al inicio de la semana santa por lo que la convocatoria fue mínima.
Además, dijo que ya se puso a disposición de Elia Tamayo la reparación del daño por la muerte de su hijo de 13 años, la cual, apuntó, se calculó con base a criterios internacionales en la materia.
Si bien la mujer indígena rechazó la disculpa e incluso acudió ante la CNDH a notificar esta negativa, el encargado de la gobernabilidad en el estado refirió que le corresponderá a la comisión tomar una decisión al respecto, pero que en lo que corresponde a lo que se le pidió a la administración estatal “se cumplió”.
En lo que respecta a los 17 funcionarios que fueron sancionados por este caso, explicó que se tratan de policías de la corporación estatal, contando a un comandante, quienes fueron los involucrados en los hechos; no se tiene a ningún funcionario de primer nivel sancionado, ni siquiera a Facundo Rosas Rosas, “porque eso no lo decía la recomendación”, apuntó el secretario.
Puntualizó que los uniformados fueron dados de baja y se les abrieron procesos penales por los cargos que se les imputaron, sin embargo, contrario a lo que ha pasado con activistas que han sido detenidos, a los policías se les permitió continuar sus procesos fuera de prisión, lo cual fue explicado por el secretario al decir que “tienen abogados”.
