Por Shanik David
El gobierno del estado sólo uso el caso de Ajalpan como una prueba de la implementación del mando único, sin que haya resultados reales de la presencia de la policía estatal ni éxito en las investigaciones que se llevaron a cabo al respecto.
Esto lo denunció el diputado federal Rodrigo Abdalá quien presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para denunciar la situación que se vive en dicho municipio y cómo, a pesar de las denuncias hechas por los pobladores, no se han tomado acciones en contra del presidente municipal Gustavo Lara Torres, a quien responsabilizan de las condiciones que se viven en el municipio.
El legislador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció en entrevista que esta prueba del mando único por parte del gobierno de Puebla pone en evidencia que éste se trata sólo de “una política de ficción”, pues no tiene resultados reales y más bien se trata de una forma de centralizar la fuerza pública y los recursos económicos orientados a ésta.
Por eso, dijo, se uso el caso de Ajalpan para perfeccionar esta estrategia con miras a justificar su implementación en otras partes de la entidad.
En el documento se detalla que el linchamiento de los hermanos Copado Molina el 19 de octubre del año pasado fue una respuesta del pueblo ante un grado de impunidad y delincuencia perpetrado por el propio presidente municipal.
Retomando denuncias de los pobladores, el diputado explica que desde antes de ser presidente municipal Lara Torres ya era conocido en el pueblo por sus actos irregulares, pues durante la campaña dio dinero en efectivo a cambio de votos; ya como alcalde ha adjudicado obras innecesarias sin licitación, contratado a familiares suyos en puestos de importancia en el ayuntamiento, además de que se ha protegido a funcionarios que han cometido ilícitos.
Todo esto, continúa, se ha denunciado en al menos tres ocasiones ante los diputados locales a quienes se les ha pedido la desaparición de poderes por esta situación, sin que haya respuesta.
En este escenario fue que se dio el linchamiento de los jóvenes encuestadores, caso que, reconoció el gobernador Moreno Valle días después, representa el grado de ingobernabilidad que se vive en la comunidad.
Pero en lugar de tomar acciones y responder a las demandas de la población se encarcelaron a ciudadanos -en algunos casos sin pruebas-, se implementó la presencia de policías estatales por seis meses y se dejó libre al presidente municipal.
A unos días de vencerse el plazo del control estatal en la seguridad del municipio, los uniformados sólo cuidan la presidencia municipal, mientras que el resto del pueblo sigue siendo víctima de la delincuencia.
Robos de ganado, vehículo, asaltos a mano armada y hasta agresiones a los ciudadanos que han denunciado estos hechos se siguen dando sin que haya respuesta.
Por esta razón, en el punto de acuerdo, se pide a las autoridades que se investiguen los delitos cometidos en la comunidad y que se dé a conocer en qué estado se encuentran las investigaciones abiertas en contra de los pobladores.
