Por Shanik David
La detención de Adán Xicale Huitle, Paul Xicale Coyópl, Albino Tlachi Valencia y Primo Tlachi Valencia se dio con un uso excesivo e injustificado de la fuerza pública por parte de elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula, quienes incluso mintieron en sus declaraciones ante el Ministerio Público sobre los hechos del 7 de octubre de 2014.
Esto fue acreditado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la cual emitió la recomendación 2/2016 en la cual desglosa las agresiones que sufrieron los activistas cholultecas durante su arresto hace un año y cinco meses.
El día de los hechos, los activistas se encontraban en un plantón en los portales de San Andrés Cholula, como parte de las movilizaciones que se habían emprendido para exigir al presidente Leoncio Paisano Arias, la cancelación de las expropiaciones de los terrenos cercanos a la Pirámide de Cholula y el proyecto de la Plaza de las Siete Culturas que se pretendía realizar en el lugar.
Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando elementos de la policía municipal acudieron al lugar para detener a los manifestantes, bajo el argumento de haber cometido el delito de motín, tras lo cual fueron llevados al Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula.
Sin embargo, a pesar de que los uniformados rechazaron haber agredido a los detenidos, las inspecciones hechas por la Comisión llegaron a otras conclusiones, pues en la recomendación se indica que quedó acreditado que los policías infirieron un “trato cruel, inhumano o degradante, durante su aseguramiento sin motivar el uso de la fuerza y produjeron además alteración a la integridad física de V1, V2, V3 y V4”.
Esto pues, de acuerdo con las descripciones hechas por los cuatro activistas y las lesiones que presentaron al ser revisado por personal médico de la comisión, recibieron golpes es las costillas, estómago, cuello y brazos.
En el documento se describe además que, a manera de justificación, los policías que participaron en el operativo, que se calcula fueron alrededor de 30, aseguraron en sus declaraciones ante el Ministerio Público que actuaron con apego a la ley; de acuerdo con la versión de los efectivos, a las 3:30 de la madrugada del 7 de octubre, circulaban en una patrulla por la zona de la Presidencia Municipal, cuando los manifestantes les bloquearon el paso y los agredieron física y verbalmente, por lo que llamaron a refuerzos.
Pero, se explica en la recomendación, estas declaraciones no fueron tomadas en consideración, pues uno de los defensores de los detenidos -de quien no se da el nombre pero por sus características se intuye que es Josué Xicale-, presentó pruebas en vídeo que desacreditan las versiones de los policías.
Esto, pues en los vídeos se observa que los hechos se dieron en los portales de la plaza central de San Andrés, y no en la vía pública como aseguraron los uniformados; además, de que se observa que son los servidores públicos los que se acercan a la gente.
“Tampoco se observa que haya estado en riesgo la integridad física y/o vida de los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, u otras personas; por lo que no se justifica el uso de la fuerza inferida a los agraviados, ni desde el momento de su sometimiento ni cuando ya estaban asegurados en la patrulla con número oficial 380, al ser golpeados y aventados a la batea”, se describe.
Por estos motivos, la Comisión determinó emitir la recomendación hacia el ayuntamiento de Puebla por las agresiones que sufrieron durante la detención, por lo que se indica que las autoridades deben reparar el daño hecho a los cuatro activistas por medio de la atención médica y psicológica que requieran.
Además se deben abrir procesos dentro de la Contraloría Municipal para que se investigue a los agentes que participaron en el arresto, así como presentar una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente y dar capacitación a los policías del municipio.
Pese a que la Comisión sí emitió este posicionamiento sobre las agresiones, decidió no entrar al tema de la posible ilegalidad de la detención, pues aseguró que se contaba con una orden del Juez Penal de Cholula, por lo que el análisis de la situación legal de los hechos salía de su competencia.
