Por Shanik David
Si bien la sentencia que emitió el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por medio del cual se echaron abajo los candados con los cuales se pretendía ocultar la información relacionada con el fideicomiso que tiene el gobierno del estado con Evercore podría sentar un precedente para que esta información se haga pública, la falta de independencia de la Comisión para el Acceso a la Información Pública imposibilita esto.
Esto lo explicó el abogado Juan Bosco Rosilo Martínez quien, después de revisar la sentencia que se emitió diciembre de 2014 a favor de Rodrigo Díez García, explicó que lo rescatable es que se desechan las causales con las cuales el gobierno de Rafael Moreno Valle ha mantenido bajo reserva toda la información relacionada con los fideicomisos que se han firmado en este sexenio.
La justificación del Ejecutivo, como se indica en el documento publicado por Alejandro Mondragón en su columna, es que esta información no se debe dar a conocer por el secreto bancario; “sin embargo, tales disposiciones no son aplicables a dicha Secretaría porque no se trata de una institución de crédito”, determinó el Juzgado.
Esto, desglosó el abogado del Nodo de Transparencia, deja un criterio que puede ser aplicado no sólo a solicitudes futuras sobre este fideicomiso en concreto, registrado con el número F/0144, sino hacia el resto de los contratos bajo esta modalidad.
Sin embargo, dado que la Secretaría de Finanzas y Administración, dependencia responsable de entregar la información al abogado Díez García, se trata de una instancia administrativa y no judicial, no se ve regida de manera estricta por la sentencia del Juzgado, por lo que podría seguir negando la información bajo este precepto, obligando a que los ciudadanos deban recurrir a todo el proceso de inconformidad, desde un recurso ante la CAIP como un amparo, para poder acceder a la misma.
Además, señaló que en caso de que se tuviera miembros de la CAIP autónomos e independientes, desde que salió la sentencia, la cual fue en contra de una determinación del pleno de dicho organismo, se hubiera emitido un posicionamiento por medio del cual se hubiera obligado de manera tajante a la SFA transparentar la información y aplicar el criterio de la sentencia.
Rosilo Martínez recordó además que, de acuerdo con los nuevos criterios que establece la Ley General de Transparencia, los fideicomisos y fondos públicos ya son sujetos obligados para rendir cuentas, y que a pesar de que en el Congreso del Estado la armonización de la norma en la materia se encuentra estancada, al ya estar vigente la ley a nivel federal se pueden invocar los lineamientos de la misma para poder solicitar vía los canales de acceso a la información la documentación relacionada con estos contratos.
