Por Shanik David
A dos meses de que especialistas en materia de transparencia entregaron un oficio al Congreso del Estado para exigir que se hagan las reformas necesarias a la Ley de Transparencia del Estado, hasta el momento el legislativo no ha emitido una respuesta al respecto.
Esto lo denunció Rafael Hernández García Cano, integrante del Nodo de Transparencia, quien explicó que fue el 19 de noviembre cuando miembros de diferentes organizaciones sociales recurrieron al poder legislativo para pedir que se acate el nuevo marco constitucional en la materia.
En esa ocasión se entregaron dos documentos, la petición formal para solicitar que se iniciaran los trabajos para armonizar la ley, los cuales deberían hacerse de forma abierta a la sociedad, así como un diagnóstico de 34 puntos especificos que deberían integrarse al marco legal del estado.
Ambos documentos ingresaron a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sin embargo hasta el momento no se ha tenido una respuesta por parte del organismo legislativo.
Resalta incluso que en la sesión del pleno del Congreso del estado del pasado miércoles 20 de enero ingresó un oficio emitido por la Cámara de Diputados en el cual se exhortaba al Congreso de Puebla a iniciar las labores para hacer las modificaciones a la ley estatal.
Esto, comentó Hernández García Cano, ya que quedan poco más de 100 días para que se venza el plazo marcado por la federación para que los estados homologuen sus leyes, siendo la fecha fatal el 5 de mayo; pese a esto sólo los estados de Querétaro, Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Oaxaca los únicos que han cumplido con estas reformas.
Incluso, Puebla resalta pues ni siquiera se tiene presentada una iniciativa en el Congreso, pues hay que recordar que la Comisión de Transparencia estuvo acéfala cerca de un mes a finales del año pasado, en lo que se designaba al nuevo presidente de la misma, lo cual retrasó las labores de este grupo de trabajo legislativo.
Hernández García Cano enfatizó que, en caso de que Puebla no acate el marco federal en materia de transparencia, el Congreso caería en un desacato, e incluso la ley estatal podría ser impugnada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), pues este organismo federal está facultado para tomar este tipo de medidas.
