Por Shanik David
Puntos como la apertura de la información de los fideicomisos, sindicatos, organizaciones sociales, y demás instancias que reciban recursos públicos, la creación de comités de transparencia y el fortalecimiento de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, son algunos de los puntos que se deben incluir dentro de la Ley de Transparencia del Estado para armonizar esta norma con el nuevo marco constitucional en la materia.
Sin embargo, a seis meses de que se venza el plazo para que los diputados locales hagan las modificaciones necesarias para agregar estos puntos, el tema está estancado en el Congreso local, esto por una aparente falta de interés en el tema del derecho de acceso a la información, según acusó Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información.
Esto lo comentó luego de que acudiera, acompañada por los integrantes del Nodo de Transparencia a las oficinas del legislativo para presentar un oficio en el cual solicitan que la discusión de la reforma se haga de manera abierta a alos ciudadanos.
De manera puntual en el documento se pide no sólo que se inicie la discusión de esta reforma, lo cual no se ha dado según lo que se indica en las actas de la Comisión de Transparencia del legislativo, sino también “que la discusión dentro del proceso legislativo sea abierta a la ciudadanía, pudiendo participar en ella los actores sociales que así lo deseen” y que “a través de la comisión encargada, nos invite a participar en las discusiones relativas a la ley en cuestión”.
Además, anexaron un oficio en el cual señalan las áreas de oportunidad o puntos que hacen falta incluir en la nueva ley estatal para que quede similar a la Ley General de Transparencia que entró en vigor en mayo pasado.
Entre los puntos está incluir a fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos como sujetos obligados; que se delimite el acceso a la información como un derecho humano, que se prohíba la reserva de información relacionada con actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, además de que los sujetos obligados hagan publicas las listas de los expedientes que tienen bajo reserva.
Lilia Vélez refirió que un punto que preocupa a las organizaciones sobre este tema es que ante los tiempos tan reducidos que se tienen los diputados no sólo hagan una reforma rápida e incompleta, sino que no se convoque a los ciudadanos a participar en el análisis de la misma.
Puntualizó que aunque el próximo período de sesiones empieza en enero, se viene el informe del gobernador, las comparecencias de los secretarios, el inicio del proceso electoral y otros procesos que tiene que llevar el legislativo que podrían retrasar aún más la discusión de la reforma.
“Me parece que es una minimización del tema del derecho a la información, cuando éste es fundamental incluso para poder ejercer otros derechos”, señaló la también académica de la Universidad Iberoamericana.
