Por Shanik David
La realización de foros y una discusión abierta con la sociedad y especialistas es fundamental para el análisis de una posible despenalización del uso de la marihuana, coincidieron representantes de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo el tema sí ha generado divisiones e incluso evidenciado las posturas de derecha que tienen algunos personajes del organismo político.
El pasado 5 de noviembre, el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Carlos Navarrete Ruiz, dio a conocer que ante la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nació al otorgar un amparo a cuatro personas para el uso recreativo de la marihuana, se presentarían recursos similares en cada estado de la república para crear una jurisprudencia que abriría las puertas para la despenalización de manera abierta del consumo de esta sustancia.
En este sentido, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Socorro Quezada Tiempo, vio con buenos ojos esta propuesta, pues es por la vía legal por la que se puede hacer frente, por el momento a este tema.
Explicó que detrás de esta propuesta está un interés de que, al quitarse las restricciones al consumo de la marihuana, se reduzca la delincuencia que hay en todo el país relacionada con el narcotráfico, el cual incluso señaló que ya ha entrado al territorio poblano.
A decir de la también diputada local, en la actualidad ya se ha registrado la presencia de células del crimen organizado en las zonas de la Sierra Norte y la Negra, por lo que es necesario tomar acciones para evitar que el problema de la violencia no crezca.
Una de estas medidas, puntualizó, sería el despenalizar la marihuana, sin embargo el tema se tendría que analizar desde la federación, pues al tratarse de un delito del fuero federal no se podría proponer desde el Congreso local una iniciativa para avalar esta sustancia.
Una postura similar manifestó Elba Cerezo González, secretaria de Enlace Legislativo del CDE, comentó que incluso el tema ya se encuentra como parte de la agenda de los diputados federales del partido, por lo que sí se podría llegar a presentar una propuesta al respecto en el pleno del Congreso de la Unión.
Al igual que Quezada Tiempo, apuntó que con esto lo que se busca es acabar con las mafias que se han generado en torno a la venta y distribución de la marihuana, pues esto ya representa un grave problema social.
Incluso refirió que no porque se quité la restricción legal al consumo de este producto esto implicará que aumentará el número de personas que lo usan, pues incluso, aunque no se haga la reforma, quienes en la actualidad usan de manera recreativa la marihuana lo continuarán haciendo.
Lo que se busca, continuó, es la regulación de una sustancia, pero el consumo es una decisión personal de cada quien, pero el Estado está obligado a regular el marco legal y abrir este derecho civil a los ciudadanos, puntualizó.
Por el contrario, Carlos Martínez Amador, secretario general de la dirigencia estatal del PRD, refirió que si bien “él respetará lo que diga la mayoría”, no está de acuerdo con la despenalización de la marihuana.
El coordinador de la bancada del PRD en el legislativo justificó su postura con el argumento de que de legalizarse se pondría en riesgo la salud de los niños y los adolescentes, postura similar a la que han manifestado representantes de Acción Nacional para oponerse a este asunto. Incluso refirió que “la sociedad de Puebla es diferente a la del Distrito Federal” y que el estado no está listo para que se tome una decisión para abrir el consumo de esta planta.
El diputado evitó abundar al respecto, y simplemente dijo que está abierto al debate y a que se realicen foros para el análisis del tema, y que si bien respaldará lo que decida la dirigencia de su partido, él se rechaza este tema.
Por separado, Brahim Zamora, representante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, refirió que el tema de la despenalización no sólo se queda en el hecho de que se permita el uso, sino que se deben crear reglamentaciones muy puntuales para los diferentes aspectos que conlleva este cambio.
Esto significa que, de quitarse la causa penal sobre esta sustancia, se deben marcar reglas muy claras en cuanto a la distribución, la producción, la cantidad de sustancia activa que está permitido portar, y cuestiones similares.
Sin embargo, aunque se llegue a tener el marco normativo, esto no implica que se solucione el problema, ya que en el país no se cumplen con estas reglas, señaló el activista, al poner como ejemplo que desde 1995 está prohibida la venta de cigarros sueltos en el país, pero que los expendedores no respetan esto y las propias autoridades no hacen nada por aplicar la ley en este sentido.
“Lo que viene es una discusión muy amplia sobre los mecanismos que se deberán aplicar”, señaló Zamora, y agregó que el tema de la despenalización tiene que ver con los derechos civiles.
