Por: Valentín Varillas
El periodista Alejandro Mondragón ganó finalmente el juicio por daño moral que le interpuso la empresa contratista del gobierno de Puebla, Prosfer, y por el que le reclamaba el pago de 2 millones 500 mil pesos.
La juez segundo especializada en materia civil de Puebla, Alba María Romano Hernández, decretó el sobreseimiento del juicio contenido en el expediente 768/14/2C y ordenó “archivar el presente asunto como totalmente concluido”.
El periodista evalúa, con el equipo jurídico de Status, interponer una contrademanda porque la empresa no sólo fabricó pruebas en su contra, además usó a su favor el aparato de justicia y operó una campaña de desprestigio contra Mondragón en redes sociales, a través de cuentas manejadas por dependencias del gobierno del estado y el PAN.
La empresa Prosfer careció de las pruebas para que en un juicio en igualdad de condiciones le dieran la razón legal. De hecho, inicialmente el Poder Judicial de Puebla operó para que se le favoreciera con una sentencia de 2 millones 500 mil pesos contra Mondragón.
Sin embargo, el periodista se amparó y también ganó en definitiva el recurso con el número 284/2015/VI.
Con motivo de la ejecutoría pronunciada por el juez federal Enrique Cabañas Rodríguez, el juzgado segundo especializado en materia civil citó a una audiencia de conciliación a las partes involucradas (Periodista y Contratista del Gobierno).
Con fecha del 30 de septiembre, envió sendos citatorios al representante de Prosfer, Jorge Daniel Ferrer Aldana y el periodista Alejandro Mondragón para dirimir su controversia el pasado 14 de octubre del 2015 a las 13 horas en las oficinas del juzgado en Ciudad Judicial.
El representante de Prosfer no se presentó al emplazamiento, razón por la cual la juez sobreseyó el caso ante la falta de pruebas.
Al periodista se le demandó, enjuició en rebeldía y sentenció a pagar la millonaria demanda a Prosfer sin que se le haya permitido una defensa.
La justicia federal había resuelto la violación a 4 de sus derechos constitucionales: De notificación de inicio de procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa; a oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
“De no respetarse estos requisitos se dejaría en estado de indefensión al afectado, incumpliéndose con la finalidad del derecho de audiencia, trasgrediendo así el ordenamiento constitucional”, establece el juez sexto de distrito de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el estado de Puebla.
El proceso de demanda y posterior sentencia contra el periodista se registró en el juzgado segundo especializado en materia civil, donde las citaciones formuladas por sus diligenciarios fueron ajenas al procedimiento legal.
Se usaron domicilios y vecinos falsos, además de que la juez que llevó el caso suplantó a la parte demandante en la presentación de pruebas, lo que representaba una gravísima injerencia de la autoridad a favor de una de las partes.
José Daniel Ferrer Aldana es hermano de Jaime Ferrer Aldana, socio de la firma la concesionaria de la operación de la Foto Multa en Puebla, Autotraffic.
Prosfer fue señalada por el periodista de recibir contratos millonarios en materia de promoción turística y de la imagen del gobierno de Puebla y el Ayuntamiento de la capital cuando apenas tenía 16 días de haberse constituido fiscalmente. Además, de usar los helicópteros oficiales para su trabajo.
A Mondragón se le violaron sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, mientras el juzgado segundo de Puebla atentó contra los artículos 66 y 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.
El caso Prosfer está muerto legalmente.
Sin embargo, como contundente ejemplo de cómo se prostituyen las instituciones del estado en Puebla, quedan los abusos, la parcialidad y la vergonzosa actuación “por encargo” de las instancias en materia de procuración y administración de justicia.
Para vomitar.
