Por: Valentín Varillas
¿Por qué se descarta la esposa de Rafael Moreno Valle para contender por la gubernatura del estado en el futuro inmediato?
Si se trata realmente de uno de los grandes activos del actual grupo en el poder y ante la monumental escasez de personajes de auténtico peso político dentro del mismo, la elemental lógica indicaría que tendría que ser considerada para el cargo.
¿Dónde quedan los ríos de tinta y las decenas de cuartillas utilizadas para asegurar que Martha Erika Alonso era realmente la carta del morenovallismo para el 2018?
El hecho de que la próxima secretaria general del PAN poblano haya declarado con contundencia que no quiere ser gobernadora, es un indicador de que las dos prioridades absolutas que tiene el gobernador caminan sin obstáculos: ganar el 2016 y avanzar en dos vías rumbo al 2018.
Por lo menos así está planteado en la estrategia política diseñada en Casa Puebla para afrontar estas coyunturas.
Los operadores tenían ya de antemano considerado el descarte en un acto público, siempre y cuando se dieran una serie de condiciones previas -que al parecer se han cumplido puntualmente- en la ruta crítica diseñada para afrontar los tiempos que vendrán, una vez terminada la responsabilidad de gobernar el estado.
De esta manera, en el presupuesto electoral oficial, a ocho meses del proceso local, no se contemplan riesgos reales de perder la minigubernatura.
Según sus números, el inminente candidato, Tony Gali, aparece con el nivel de posicionamiento calculado y en espera de consolidarse una vez que se eche a andar un muy intenso programa de difusión de obra pública y propagando oficial.
En este contexto, la posibilidad de cambiar al candidato, manejada en el análisis una vez que se conoció la participación de Martha Erika en el proceso interna del PAN, es prácticamente imposible.
Para el gobernador y su grupo, la oportunidad de negociar Puebla con el gobierno federal es todavía latente y en esa lógica también empata perfectamente el descarte.
Además, este supuesto acuerdo sería parte de una negociación mayor que tendría como columna vertebral el formar un frente común en contra del diabólico “populismo” encarnado en la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Si en el arreglo se cumple su mejor escenario, es decir, se decide que el actual gobernador de Puebla sea el candidato presidencial apoyado por una gran alianza de partidos, resultaría impensable que, al mismo tiempo, su esposa buscara el gobierno del estado.
¿Se imagina a ambos haciendo campaña, al mismo tiempo, por cargos públicos distintos que se elegirán el mismo día?
El rechazo sería unánime.
De igual manera, en el Plan B rumbo al 2018, que consiste en sumar apoyos económicos y de operación política a favor del candidato de Los Pinos a cambio de una secretaría de estado “importante” en la próxima administración pública federal, no sería bien visto que la esposa de un virtual miembro del gabinete presidencial ande en la arenga electoral buscando convertirse en gobernadora de Puebla.
¿Y entonces?
¿Cuál es la lógica detrás de darle un mayor sesgo político a la actividad pública de la Primera Dama poblana?
La respuesta, asombra por lo simple: se trata de un tema de confianza en el manejo y el control de la estructura del partido.
Una vez que los operadores que se encargaban de lo anterior tienen hoy otras importantes responsabilidades en el ámbito nacional, que abonarían a apuntalar el proyecto de Moreno Valle, Alonso Hidalgo es la única que al interior del equipo cumple con cabalidad con los siempre exigentes requisitos para lograrlo.
Nada más, pero nada menos.
