Por: Juan Manuel Mecinas
Sistemas caídos
El sistema político mexicano ha vuelto a caer y no ha tomado nota de su desgracia.
La clase política ha sido incapaz de mostrarse dispuesta a cambiar después de Ayotzinapa, ha sido esquiva y no admite un mea culpa sin condiciones; es incapaz de realizar una reestructuración interna con miras a ser más transparente, más ciudadana y menos oligárquica. Su respuesta ha sido más cercana a la de una tortuga que esconde la cabeza para seguir en su caparazón y no a la de un animal (político) dispuesto a cambiar de piel.
Además, los sistemas de inteligencia no han sido modificados a pesar de que no sirvieron para impedir una tragedia como la desaparición –y, en su caso, asesinato- de 46 personas. Nada más –y nada menos– que agregar.
De igual forma, la investigación ha demostrado –nuevamente– las carencias de la procuración de justicia mexicana. Las respuestas desde el gobierno han sido discursivas y no han logrado mejorar los sistemas federales y estatales de investigación delictivas. Un problema por todos conocidos y por todos eludido.
Sin responsables políticos
No hay responsables políticos por la desaparición de los estudiantes y los responsables penales son gatilleros menores.
El único actor que “pagó” políticamente por su implicación directa o indirecta en los hechos y la crisis de Ayotzinapa fue el Gobernador de Guerrero, no así el Secretario de la Defensa, el de Gobernación, el Procurador General de la República, el Director del CISEN, el delegado del CISEN en Guerrero o el Procurador de Guerrero, por mencionar algunos funcionarios que no hicieron su trabajo previo a la desaparición/muerte de los estudiantes o durante la investigación a raíz de la desaparición de los normalistas. Es decir, la impunidad política (y ni qué decir de la penal) es el elemento que ni el gobierno ni los partidos políticos están dispuestos a afrontar con seriedad.
Investigación sin versión
El dictamen de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmiente lo sostenido por el gobierno, al negar que los cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Sin embargo, la ecuación no se resuelve con dicha negación, porque lo que se necesita es saber qué pasó con los estudiantes desaparecidos –el verdadero meollo–.
Dos cadáveres han sido identificados por un laboratorio austriaco, pero el resto de los cuerpos (en el muy probable caso de que los estudiantes estén muertos) no se sabe dónde están. Sin cuerpos no hay punto final; sin certeza no hay solución, por más que las plumas deferentes con el régimen lo consideren una necedad, ya que ni siquiera los columnistas más condescendientes con el gobierno pueden negar el desaseo de una investigación realizada a destiempo y de manera inadecuada. Si la “verdad histórica” del gobierno federal tenía sustento, ¿por qué dejarla caer en el desierto de la incredulidad ante el primer dictamen en contra de expertos internacionales? La razón puede ser política, pero también es técnica, ya que los cabos sueltos en la indagación (la omisión de líneas de investigación, por ejemplo) no permiten defender a plenitud la versión gubernamental.
El resultado de este desastre es que Ayotzinapa sigue siendo un caso abierto: el gobierno no logró aportar certeza.
Ayotzinapa es una tragedia humana, familiar y también política. Las dos primeras son irresolubles y solo encontrarán un pequeño bálsamo si el gobierno aporta un resultado certero; la última de ellas es una crisis que pide a gritos un poco de sensatez política para resolverla, lo cual parece imposible para una clase política preocupada, en demasía y preferentemente, por esquivar los problemas, más que por encontrar soluciones.
