Por Shanik David
En Puebla las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, así como la existencia de un Congreso que no defiende los intereses de la población son los principales factores que afectan el desarrollo de la entidad.
Esto lo comentó Fernando Fernández Font al rendir su segundo informe de labores como rector de la Universidad Iberoamericana, donde lamentó la situación que se vive actualmente a nivel nacional y estatal.
En el caso de la entidad, comentó que si bien se han tenido avances en materia educativa y en el crecimiento del turismo, se han dejado de lado las acciones en pro de las áreas más marginadas del estado.
Un ejemplo claro de esta indolencia, señaló, es el hecho de que a un año de que se dieron los hechos violentos de San Bernardino Chalchihuapan, el gobierno del estado aún no acata por completo las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A este escenario se suma que Puebla ya es conocido a nivel nacional como el estado con mayores casos de represión y persecución de activistas y grupos sociales independientes.
El rector incluso lamentó la violencia estructural que sufren las mujeres en el estado, pues el número de feminicidios que se han cometido en los últimos años en vez de disminuir se mantiene e incluso pareciera aumentar.
Durante su discurso comentó que el Programa de Género de la universidad ha contabilizado alrededor de 240 feminicidios en los últimos años, pero las autoridades sólo han emitido 7 averiguaciones previas bajo esta figura y sólo se ha sentenciado a uno de los responsables de estos delitos.
Sin embargo, esta postura contraria a la población no sólo se tiene de parte del gobierno estatal, sino que los propios diputados han mantenido una postura contraria a las necesidades de los ciudadanos, lamentó Fernández Font.
Como ejemplo de esto, apunto la aprobación de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que impone los candados para la participación de candidatos independientes en los procesos electorales, así como otras medidas tomadas por los legisladores que afectan directamente a la población.
Estas medidas, reflexionó, “no atienden las demandas prioritarias de uno de los estados con más pobres a nivel nacional, y nos habla de los temas que siguen aplazados y sino se atienden estos retos se habrá fallado a los ciudadanos y sus esperanzas de una alternancia real”.
Algo similar se vive a nivel nacional, destacó Fernández Font, pues casos como el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las reformas estructurales que resultaron más dañinas que benéficas para el crecimiento del país, así como los reportes documentados de actos de corrupción de parte de las esferas más altas del gobierno mexicano, han sumado al país en un estado de violencia, así como a las autoridades en una crisis de legitimidad.
Ante esto, la salida es retomar el diálogo entre el Estado y la sociedad que dice representar, con un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la población, puntualizó el rector de la Ibero Puebla.
