Por: apro | Proceso
El organismo Artículo 19 dio a conocer un informe sobre la transparencia en el gobierno de Rafael Moreno Valle en el que destaca que el mandatario poblano tiene a la opacidad como política pública.
La ausencia de transparencia, dice, “es una mala noticia para la democracia” en Puebla.
El estudio denominado “Transparencia, la deuda de (Rafael) Moreno Valle. Informe sobre la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla”, sostiene que en la entidad se instauró una política restrictiva del espacio público, e incluso se legisló en favor del uso de la fuerza desmedida durante las protestas sociales, “tolerando y promoviendo el aumento de las agresiones contra la prensa con la intención de inhibir el flujo de información plural y en tiempo real”.
La libertad de expresión, añade, “ha sufrido las consecuencias de la represión en todas sus garantías. La transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas en la misma vía. Por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el nivel de protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado”.
De acuerdo con el documento de Artículo 19, organismo dedicado a defender y proteger el derecho de libertad de expresión, mientras las leyes federales se reforman, en Puebla destacan las prácticas de funcionarios de gobierno contrarias a promover y asegurar el derecho a la información pública.
Pone como ejemplo la desaparición de documentos administrativos, fiscales, legales e históricos que, subraya, es una falta muy grave que amerita sanciones.
“Si bien existen mecanismos de destrucción, los mismos tienen que sujetarse a lo dispuesto tanto en la Ley de Transparencia como en la de archivos de cada entidad. Ningún funcionario público puede desaparecer u ocultar información sin causa legítima”, aclara.
En su reporte, Artículo 19 denuncia que en la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (CAIP) se ha dado prioridad al acuerdo político sobre la especialización, la probidad o la meritocracia del pleno en la designación de sus integrantes.
“Estas características son fundamentales para tomar decisiones colegiadas, informadas y apegadas a la ley, más allá de las respuestas coordinadas entre los poderes de gobierno que impiden los contrapesos necesarios y los criterios que debe mantener un organismo autónomo”.
Resalta que si bien en su conformación el organismo garante siempre se ha visto cooptado por el poder estatal, lo mismo en el sexenio de Mario Marín que en la administración de Rafael Moreno Valle, “el control no había llegado a los niveles que se tienen registrados desde el comienzo de 2015, cuando el Congreso del estado, dominado por el grupo del gobernador, eligió a Gabriela Sierra Palacios, funcionaria de la Auditoria Superior del Estado, como integrante de la CAIP”.
De igual manera, precisa que el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información del estado de Puebla es progresivo respecto al anterior, sin embargo, “creó un vicio que limita la efectividad del único mecanismo de exigencia del derecho de acceso a la información: el recurso de revisión”.
Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, informó de 2010 a 2015 documentaron un asesinato y 92 agresiones a periodistas, y 13 ataques cibernéticos provenientes principalmente de funcionarios públicos.
