Por Shanik David
Con la llegada de Jesús Rodríguez Almeida a la Secretaría de Seguridad Pública estatal se puede avizorar un futuro negro en materia de derechos humanos en el estado, esto si es que el nuevo funcionario replica las acciones que implementó a su paso por el gobierno del Distrito Federal.
Así lo consideró Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, quien señaló que incluso en Puebla hay factores que de por sí son preocupantes en esta materia.
Esto, pues la combinación del antecedente que tiene Rodríguez Almeida en relación a la represión de manifestantes y persecución de los mismos, sumado con la libertad que brinda la llamada Ley Bala para el uso de la fuerza para disolver movilizaciones, podrían generar un escenario de riesgo en la entidad.
“Nos parece preocupante el actual contexto, como en el estado se estaría probando una nueva forma de enfrentar a la disidencia”, indicó el también excolaborador del Centro de Derechos Humanos Agustin Pro.
Agregó que la selección de personajes como Rodríguez Almeida, Ardelio Vargas y Facudo Rosas para encabezar los esfuerzos de seguridad pública dejan entrever el talante de la administración de Rafael Moreno Valle, pues todos han tenido señalamientos públicos por el abuso del uso de la fuerza pública contra los ciudadanos.
Describió que, durante el tiempo que el nuevo secretario encabezó la SSP del DF, se detectó una tendencia para caracterizar de manera negativa a los manifestantes, llevarlos a provocaciones, desplegar de manera desmedida policías para custodiar las marchas que se realizaban, hasta el grado de caer en agresiones y detenciones arbitrarias.
“Es muy preocupante lo que pasa en Puebla porque se consolida un gabinete con cariz autoritario”, añadió el abogado quien además fue el responsable de presentar un paquete de amparos en contra de la Ley Bala a mediados del año pasado.
El especialista apuntó que lo mejor sería que las dependencias encargadas de la seguridad pública tomaran enfoques cercanos a la población, y que privilegien los derechos humanos, pero dado los nombramientos hechos por el gobierno poblano, esto pareciera no ser una posibilidad en el futuro cercano.
