Por: Valentín Varillas
Uno de los cambios importantes que podrían confirmarse en los próximos días como parte de la renovación de gabinete anunciada por el gobernador Rafael Moreno Valle, sería la salida de Roberto Rivero Trewartha al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración.
La intención es que a la dependencia llegue una figura de real nivel para operar el cierre financiero del actual sexenio.
Para nadie es un secreto el hecho de que Rivero no es, ni de broma, la voz de mando en la secretaría y que las verdaderas riendas las llevan el anterior secretario y los dos poderosos subsecretarios, quienes tienen la confianza absoluta del mandatario estatal.
A pesar de esto, ha llamado la atención el trato prepotente y déspota que ha ensayado desde su llegada a Finanzas, como si esta fuera resultado de méritos propios.
Sin embargo, el factor que podría incidir con mayor peso específico en su relevo tiene que ver con una congruencia en la toma de decisiones en lo más alto del poder político.
Y es que, hace apenas unas semanas, quien fuera titular del Instituto Estatal Electoral fue obligado a renunciar a su cargo y a sus aspiraciones de integrar el nuevo órgano electoral local ya que se ostentó como Licenciado en eventos oficiales y firmó documentos como tal sin haber conseguido el grado académico.
Lo mismo ha hecho con toda impunidad Rivero Trewartha.
Como se hizo público en meses anteriores, según datos del Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el todavía funcionario estatal obtuvo la cédula profesional 09071962 que lo acredita como Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Anáhuac del Sur en el año 2014.
Sin embargo, previo a esa fecha, usurpó el grado al firmar documentos oficiales en su paso por la Dirección General del ISSSTEP y como Secretario de Salud del gobierno del estado de Puebla.
Esto también se demostró en su momento, al salir a la luz pública dichos documentos.
El tema no es menor, ni debe serlo.
Rivero Trewartha, simple y llanamente ha cometido un delito.
Según el artículo 250 del Código Penal Federal :
“Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:
- “Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;
- “Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. a).- Se atribuya el carácter del profesionista b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales. c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. e).- Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.
Con la abrupta renuncia de Armando Guerrero, el gobernador Moreno Valle ya nos enseñó qué tanto peso específico le da a este tipo de cuestiones.
¿ Se atreverán a aplicar el mismo criterio en este caso?
