Por: Alejandro Mondragón
Al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, ya se lo comunicaron:
En los próximos días serán recapturados por la Procuraduría General de Justicia los 7 estudiantes acusados de presuntos actos de terrorismo contra instituciones públicas.
Se trata de la reaprehensión de Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess, Dulce Carolina Parra Escalona “ante su vinculación con hechos vandálicos registrados”.
Urgen temas para desviar la atención hacia los jefes policiacos ligados al robo de gasolina en ductos de Pemex y otras lindezas.
Según el informe filtrado al rector, las investigaciones de la PGJ, responsable de la teoría del cohetón en Chalchihuapan que mató a un menor de edad, determinan que los jóvenes universitarios sí cometieron actos de terrorismo.
Esparza optó mejor por irse de vacaciones y ordenar el cierre de áreas estratégicas de la BUAP.
Hay que recordar que Esparza reaccionó 48 horas después de la primera detención de los estudiantes con una sesión del Consejo Universitario para condenar la captura y exigir al gobierno dejara de criminalizar a los jóvenes.
Ahora, seguro esperará a que el rector de la Ibero salga a defender a los universitarios de la BUAP.
Allanamiento de tres domicilios, aseguramiento de propiedades, detención sin especificar de qué se les acusaba y negación de servicio médico, todo justificado por las autoridades por la existencia de una “carta anónima” en la que el remitente detallaba haber sido testigo de una plática en la que unos muchachos comentaban sobre las explosiones ocurridas los días 27 de marzo y 1 de junio en la ciudad.
“Lo único que encontramos es una carta escrita a máquina, en una hoja simple, en la que un supuesto muchacho hace una denuncia anónima de que escuchó una plática de cuatro de los muchachos que hablan de las detonaciones que habían realizado, eso era todo lo que tenían contra ellos”.
Marely Vélez, una de las abogadas defensoras, también comenta que en el expediente de las investigaciones realizadas por la Procuraduría sólo se añaden imágenes de cámara de video en las que se ve a dos personas lanzando artefactos contra instalaciones del INE… pero no se distinguen rasgos físicos. “Eso es todo lo que tienen, no hay ninguna prueba real que pueda involucrar a los siete estudiantes, no obstante el trato que tuvieron desde el momento de su detención fue como si fueran terroristas”.
Los detenidos señalan que durante los interrogatorios los agentes les preguntaron sobre sus actividades con el movimiento “YoSoy132” y la Asamblea General en Solidaridad con Ayotzinapa; además se les cuestionó si colaboraban para el periódico La Jornada de Oriente y si sabían hacer explosivos.
Aunque libres, las autoridades les recomendaron “mantenerse visibles”, porque en cualquier momento podrían ser llamados o detenidos. “Nos dicen que nos calmemos (…) a nosotros se nos señala como a muchos presos que hay actualmente en Puebla, sin pruebas reales, sólo se nos criminaliza porque hemos sido jóvenes que de manera pacífica y legal siempre nos hemos manifestado”, comenta Arafat Rosas, uno de los detenidos.
Las casas de los indiciados tienen sellos de la Procuraduría, además de se les aseguraron sus celulares, computadoras e incluso una camioneta. Según Proceso, con el gobierno de Rafael Moreno Valle actualmente en Puebla se tiene el registro de 139 presos políticos.
