24-01-2022 10:11:41 AM

Defiende Franco Rodríguez a policías robagasolina

Por: Shanik David

Para el diputado Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, el hecho de que Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director de la Policía Estatal y encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente, hayan aprobado las pruebas de control de confianza, no debe tomarse como algo para cuestionar este tipo de exámenes.

Aseguró que las pruebas son sólo una herramienta para determinar si una persona es apta o no para desempeñar un cargo al interior de las fuerzas policíacas, pero que esto no los exime de caer en actos de corrupción, como es el caso de ambos mandos policíacos quienes fueron detenidos bajo la acusación de solapar y proteger a una red dedicada al robo de combustible.

Las pruebas de confianza, aseguró el legislador panista, no miden la corrupción, pues este es un tema que surge de la voluntad de las personas y puede “pasarle a cualquiera”.

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“Las pruebas son un mecanismo extra que se tiene, se tienen que hacer cada tres años, por supuesto pueden ser perfectibles pero lo que sí es que antes no se tenían, por lo que son un paso más de certeza para quien está al frente de la estrategia de seguridad”, justificó el diputado.

Añadió que a su parecer no es necesario que el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, acuda a comparecer ante el Congreso para rendir cuentas sobre este caso y los demás en los que policías estatales que supuestamente ya presentaron sus pruebas de confianza, han participado en actos delictivos.

Esto, dijo, pues el funcionario sólo debe rendir cuentas ante la Procuraduría General de Justicia, la cual es la responsable de llevar la investigación sobre estos actos ilícitos.

Contrario a esta postura, la diputada Socorro Quezada Tiempo, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad, destacó la urgencia de que se llame al funcionario a rendir cuentas al Congreso, además de que se fortalezcan las medidas de vigilancia de los servidores públicos, incluidos los propios diputados, para evitar que caigan en estos actos de corrupción.

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