La Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regula el Uso Legitimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, no debería ser derogada, pues las situaciones que se han dado en el estado, incluida la agresión que sufrieron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan hace casi un año, no se deben directamente a esta norma.
Esto lo aseguró Sergio Céspedes Peregrina, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del legislativo local, quien defendió la vigencia de la ley, al señalar que incluso ésta fue usada como base por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la elaboración de la recomendación 2VG/2014, que se emitió en septiembre del año pasado por el caso de Chalchihuapan.
“Es importante que se fortalezca, que privilegien los derechos humanos de los ciudadanos, para eso se hizo, para regular a los elementos en todos los ámbitos, es general en el trato con los ciudadanos, no voy por la abrogación”, puntualizó el legislador.
Con esto, el diputado priísta rechazó que sea necesaria una reforma o modificación estructural de la ley, esto a pesar de que desde julio del año pasado el mismo gobernador Rafael Moreno Valle, quien firmó la iniciativa que dio origen a esta ley, pidió la abrogación de la misma, luego de las críticas que se generaron desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
Pese a esto, Céspedes Peregrina fue enfático al señalar que la ley es buena y que defiende los derechos de los ciudadanos, aunque bajo el amparo de esta fue que se intentó justificar un operativo violento por medio del cual se desintegró una manifestación de pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio del año pasado, de donde derivaron decenas de heridos de los dos lados, así como la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años.
“El problema de Chalchihuapan no fue la ley, que quede claro, en ningún momento permite o autorizan esas circunstancias, hay situaciones que en las que se tiene que fincar responsabilidad a quienes implementaron acciones que están fuera del marco legal, que son cosas diferentes”, aseveró el diputado.
Incluso, evadió cuestionamientos sobre la situación de los derechos humanos en la actualidad en el estado, y esquivó el tema de los llamados presos políticos que han sido denunciados por organizaciones sociales.
Ante este tema, simplemente señaló que si la Procuraduría General de Justicia actuara con mayor transparencia y diera a conocer de manera clara los delitos e imputaciones que se le hacen a estas personas, se podrían evitar los señalamientos de presos políticos en el estado.
