Por intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, al fin recibió a los representantes legales de Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, para dialogar sobre las posibles violaciones en las que se incurrieron con el arresto del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.
Aunque la cita estaba pactada por el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, “por cuestiones de agenda” no pudo estar en el encuentro, lo cual a decir de Samuel Porras Rugerio, abogado de Simitrio, no tuvo mayor importancia.
La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en las oficinas de la CDH Puebla, y en ésta el primer visitador de Puebla, Omar Martínez, escuchó los argumentos con los cuales se ejemplificaron las violaciones al debido proceso de Rubén Sarabia y su hijo, Atl Sarabia.
Porras Rugerio señaló que lo que se busca es que se analice el actuar de los ministerios públicos, quienes incurrieron en anomalías tales como tomar como prueba suficientes denuncias anónimas para realizar cateos en los domicilios de la familia Sarabia.
“No queremos que se metan en las resoluciones de los jueces, pero que sí se vigile el actuar de los ministerios públicos”, puntualizó el abogado.
Añadió que en el caso de Atl Sarabia, quien fue detenido por elementos de la policía ministerial de Puebla en el Distrito Federal, ya se generó una pugna entre las procuradurías del estado y la del Distrito Federal, por la posible ilegalidad de la acción implementada por las autoridades poblanas.
En este caso, comentó Porras Rugerio, sí podría intervenir directamente la CNDH, debido a que ya son dos instancias de gobierno que se encuentran en disputa.
Agregó que esta reunión, en la cual también estuvieron presentes visitadores de la CNDH, tuvo como objetivo, principalmente, agotar las instancias locales para poder exigir la intervención del ombudsman nacional para que se analicen diferentes temas de la entidad.
Por ejemplo, señaló que tuvieron que pasar siete meses desde el arresto de Simitrio y su hijo para que la Comisión estatal abriera sus puertas para atender el caso.
Además, se pedirá a la CNDH que se posicione sobre la política implementada por las autoridades poblanas, quienes se cierran al diálogo y obligan a organizaciones, en este caso la UPVA 28 de Octubre, a realizar marchas en el Distrito Federal y pedir la intervención de las dependencias federales para que se puedan acordar citas con los funcionarios estatales, lo cual “es reprobable”.
Por este motivo, también lanzó un llamado para que la CDH Puebla “no cierre los ojos” y que de verdad haga su trabajo de investigar las violaciones que se cometen en Puebla.
