Pese a que la dirigencia del Movimiento de Organizaciones Sociales Unidas por Puebla había adelantado que los 20 mil agremiados de esta agrupación no saldrían en votar en rechazo a las acciones y operativos implementados por el gobierno del estado en los últimos meses, esta medida podría ser desechada debido a que ya se han abierto canales de diálogo con la administración estatal.
Moisés Ortiz Bracho, presidente del consejo general del MOSUP, explicó que la decisión de no votar e incluso de marchar este viernes 5 de junio se debió a una molestia generalizada por el exceso de fuerza pública de parte del gobierno en los operativos de revisión en las zonas donde venden sus productos los agremiados al movimiento.
En particular, destacó el caso del operativo que se llevó a cabo el pasado viernes en la zona de la 46 Poniente, donde para clausurar sólo 5 locales se desplegó un fuerte operativo policíaco, lo cual generó molestia entre los vendedores que vieron esto como una agresión en su contra.
Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado con organizaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, la administración estatal sí se ha abierto al diálogo, e incluso a asesorado a los comerciantes para que puedan recuperar su mercancía sin mayor problema, según explicó Ortiz Bracho.
Comentó que de los locales clausurados ya se lograron hacer los trámites y pago de multas para volver a abrir 3 de éstos, por lo que consideró que sí hay disposición de las autoridades para atender sus demandas.
Esto, agregó, ya que en operativos anteriores les han dado largas para hacer los trámites para acreditar la legalidad de sus mercancías, lo cual es señal de que no hay apertura para solucionar la situación, en cambio en esta ocasión los problemas se han arreglado en un plazo de menos de una semana.
Ante esto, señaló que están a la espera de que se les agende una reunión en la Secretaría General de Gobierno, por lo que auguró que se suspendas las manifestaciones que se tenían previstas para el fin de semana de la elección ante la “buena disposición” de las autoridades estatales.
