De enero a la fecha han sido despedidos mil 200 burócratas sindicalizados del gobierno del estado, sin que hayan podido acceder a las instancias de defensa de los trabajadores, acusó Marco Antonio Manzano, asesor de los despedidos de la administración estatal.
Explicó que del bloque de empleados dados de baja se han presentado alrededor de 400 demandas laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, algunas desde mediados de abril pasado, pero hasta el momento todas se encuentran estancadas.
Esto, pese a que cuando las dependencias estatales presentaron la documentación para la baja de los trabajadores, la Junta hizo el tramite de las bajas en plazos de hasta dos días, pero ahora que son los despedidos quienes piden la atención de sus denuncias no tienen respuesta.
Manzano apuntó que incluso los funcionarios tienen la indicación de no dar entrada a las denuncias presentadas por los burócratas hasta que no se interpongan amparos por dilación de proceso, según le han llegado comentarios de los mismos empleados.
Ante este retraso y la falta de un acceso equitativo a la justicia para los despedidos de la administración morenovallista, este lunes un grupo de los ex burócratas realizaron una manifestación a las afueras de la Junta Local, para exigir una audiencia con el presidente de este organismo, José Rubén Huerta Yedra.
Manzano apuntó que además los despidos han sido tales que hay dependencias, como la Secretaría de Finanzas y Administración, la de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, y la General de Gobierno, en donde sólo quedan un par de trabajadores sindicalizados, quienes mantienen sus puestos por “estar bien relacionados” y no por cumplir con los perfiles para los cargos.
Además de la falta de una atención de parte de los tribunales laborales, las autoridades estatales “abusan de la necesidad de la gente”, pues incurren en presiones hacia los trabajadores que merecen su pensión.
El también ex bucrócrata, quien fue despedido en octubre de 2013, describió que se ha condicionado la entrega de los finiquitos a los trabajadores de mayor antigüedad sólo si firman su renuncia voluntaria, lo cual representa una violación grave a los derechos laborales que debería ser atendido por la Junta Local, aunque hasta el momento no hay respuesta sobre el asunto.
