La llamada Ley Bala de Puebla fue uno de los primeros ejercicios que se hicieron a nivel nacional para implementar leyes que criminalicen la protesta social, por lo que se prevé que en el corto o mediano plazo otros estados e incluso el gobierno federal impulsen leyes similares, consideró Simón Hernández León, abogado defensor de los derechos humanos.
Detalló que desde 2013 se dieron las primeras señales de alarma con la presentación de iniciativas de carácter local o federal que intentaban inhibir la manifestación y la libertad de expresión de los ciudadanos, pero que el caso de Puebla es emblemático en este tema.
El también integrante del Frende de Defensa de la Libertad de Expresión y de la Protesta Social, señaló que en el caso de Puebla se tiene una responsabilidad compartida de diferentes actores públicos, desde los legisladores que aprobaron la legislación, el gobierno que la implementó y los policías que la han aplicado en la práctica, con resultados como la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo por el impacto de una bala de goma que recibió en la cabeza.
El abogado expresó esto durante la presentación del Anuario del Insitututo de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en el cual incluso colaboró con la elaboración de un texto relacionado al caso de San Bernardino Chalchihuapan, el cual usa como un ejemplo de los riesgos sociales que se tienen con la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
“La Ley parte de la concepción de asociar las manifestaciones con violencia y permite la dispersión de las mismas por existencia de fenómenos violentos, cuando los estándares establecen que debe actuarse únicamente frente a éstos, aislándolos del resto de la manifestación”, detalla en su texto Hernández León, lo cual, dice, ocasiona que los policías apliquen esta justificación para la disolución de cualquier manifestación, aunque se trate de un hecho aislado, sin importar si hay o no violencia.
Esta determinación lanza un mensaje, directo o indirecto, a los ciudadanos de que en cualquier manifestación o protesta que realicen se puede dar la intervención policíaca, con lo cual se inhiben este tipo de esfuerzos de parte de la población, explica el abogado.
A esto se suma que la ley incluye términos ambiguos y una redacción demasiado libre que “permite una interpretación muy amplia a la hora de la implementación de operativos policíacos en el marco de manifestaciones y para la disolución de las mismas”.
En el capítulo destinado al caso de Chalchihuapan, Hernández León apunta como responsable además de la muerte del menor en julio del año pasado al entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
De manera puntual, explica que el ahora exombudsman dio su visto bueno a la aprobación de la Ley Bala, y que incluso el día después de que fue promulgada sostuvo una reunión en Puebla con el gobernador Rafael Moreno Valle.
“El presidente de la CNDH ha desatendido la alta responsabilidad que tiene como cabeza del organismo público de protección, no sólo con su silencio frente a estas leyes, sino incluso con su aval y anuencia explícita al decir que era constitucional, por lo que no interpuso la acción de inconstitucionalidad para que fuera la Suprema Corte de Justicia quien la analizara”, describe en el texto que fue redactado antes de la salida de Plascencia Villanueva de la Comisión.
