Pobladores de Nealtican pusieron en marcha un centro comunitario que tiene como objetivo ser un punto de reunión y de defensa de los derechos humanos de los vecinos de esta y otras comunidades vecinas, principalmente ante los abusos que han sido objeto por parte de las autoridades para la construcción del gasoducto Morelos.
Este centro será operado por los integrantes del Comité en Defensa de la Vida, la Tierra y el Agua, que son habitantes de este municipio cercano al volcán Popocátepetl que se han articulado desde que inició la construcción del gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad y que se oponen a esta obra por los riesgos que representan para la población.
Durante la ceremonia de inauguración, Fernando Cuéllar, representante del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga y defensor de los pobladores, destacó la importancia de este centro, pues ayudará para implementar una estrategia de defensa de los pueblos desde los mismos pueblos, sin que vengan personajes externos a imponer acciones.
Destacó además que los juicios de amparo que se han presentado en contra del gasoducto Morelos siguen su curso, por lo que le pidió a la gente que no se deje engañar por personas que han corrido el rumor de que la lucha contra esta construcción ya se perdió.
“El amparo de Nealtican sigue vivo”, resaltó Cuéllar, al explicar que tanto el recurso principal como el incidental siguen en revisión, por lo tanto el litigio sigue su curso, y que sin importar que ya se hayan colocado las tuberías en las zonas cercanas al pueblo todavía se puede deter la obra.
Esto, explicó, debido a que el juez de distrito que lleva el caso había dictado una suspensión definitiva en las obras hasta que se culminara el juicio, la cual fue violada por las autoridades quienes han continuado con las obras pese a estar impedidos legalmente.
“Las autoridades han cometido delito, tras delito, tras delito, a pesar de que son las primeras que deben defender y hacer vale la ley”, acusó el abogado.
Recordó que la construcción del gasoducto inició en junio de 2011, y que las autoridades y la empresa Bonatti, responsable de la obra, sólo tenían autorización para estos trabajos por dos años.
Pese a esto, continúan los trabajos, los cuales se retrasaron ante la resistencia de los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos por donde pasará el tubo que transportará gas, por lo que además se presume que ya se superó el presupuesto que se tenía establecido originalmente.
Incluso, Cuéllar comentó que fuentes de la Secretaría de Energía les han comentado que este tipo de obras tienen un costo diario de 15 millones de pesos, por lo que cuestionó de dónde ha salido el dinero que se destinó a esta obra, y cómo se ha financiado a pesar de los graves retrasos que presenta.
