Bastó que ciertos personajes (políticos, empresarios y personas de clase media alta) fueran tocados por el fraude de Ficrea para que los legisladores (diputados y senadores) pusieran manos a la obra para una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El escándalo generado por Ficrea afectó a aproximadamente 6 mil 800 personas, que ahorraron cerca de 7 mil millones de pesos.
Lo que más molesta es que Ficrea era una S.A. de C.V., es decir una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y por lo tanto no podía ser respaldada por el Fideicomiso de Pago (Fipago) para cubrir el dinero de los ahorradores; mientras que el Fipago sí puede responder para las Sociedades de Ahorro y Préstamo; Sociedades Cooperativas; Asociaciones y Sociedades Civiles, y para las Sociedades de Solidaridad Social.
Aún así la federación salió en defensa de los clientes de Ficrea, y con dinero de los mexicanos que si pagamos impuestos que cubrió el fraude hecho por un particular.
Sin embargo, poco o nada se ha hecho por miles de personas que han sido defraudadas por cajas de ahorro (no por empresas disfrazadas de cajas que es otro tema), como por ejemplo en Oaxaca donde hay unas 50 mil personas en tales condiciones. Se estima que a nivel nacional suman unas 250 mil personas en condiciones similares.
La nueva ley tiene algunos puntos positivos, tales como reitera que el seguro de depósito es por 25 mil udis (132 mil pesos) como pago máximo a quienes ahorren y resulten afectados, no importa si tienen un peso más invertido.
También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá una supervisión directa sobre las Sociedades Financieras y cuya actuación será inmediata y no de mera “observación” o de hacer “sugerencias”.
Para evitar mayores problemas con los ahorradores, se pone un límite en la captación, es decir personas físicas sólo podrán ahorrar hasta 400 mil udis (dos millones de pesos) y las personas morales 1 millón 400 mil udis (7.5 millones de pesos)
Uno de los ‘peros’ que hay en esta ley es que se les otorga un amplio plazo de hasta cinco años a las sociedades financieras (Sofipos) para que su balance financiero entre lo que captan y lo que prestan.
Tal como lo marca la norma internacional de liquidez, a los bancos en México la autoridad les da solo tres años. En el primer año debe calzar el 60 por ciento de su balance; en el segundo debe ser el 85 por ciento, y en el tercero concluir el balance.
¿Por qué a las Sofipos les da hasta 60 meses para hacer el balance, como se señala, si se supone que no son bancos y que sus operaciones serían más limitadas?
Las Sofipos prácticamente operan como un banco, tienen atribuciones casi similares, incluso su captación individual, esto es un ahorrador ingresa más que cualquier otro cliente que un banco. En ese sentido concederles tanto tiempo -cinco años- para calzar sus balances protege a los operadores de las Sofipos, con todo y que la CNBV las supervise.
Habrá que ver si realmente este nueva Ley beneficia a quienes tienen un bajo ingreso y poca capacidad de ahorro, pero desean invertir; habrá que ver si realmente el beneficio de un crédito y ver crecer su dinero llega a quienes habitan en zonas suburbanas, rurales y que no tienen acceso a la banca comercial.
A ver si en la práctica la Ley de Ahorro y Crédito Popular no desprotege a unos y cobija a otros.
