Los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional desestimaron la iniciativa #3×3 que impulsa el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al asegurar que no participarán en ninguna propuesta que presente este organismo, al cual acusaron como carente de calidad moral.
Luis Bravo, aspirante a la diputación federal por el distrito VI de la capital, explicó que aunque reconocen que es importante dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, no lo harán en el esquema presentado por el IMCO, pues rechazan toda iniciativa que presente este organismo.
Aseguró que el instituto fue uno de los que avaló la reforma energética, esto para beneficiar al director del mismo, Luis Pardinas, quien, dijo, tiene participación en empresas estadounidenses dedicadas a la explotación del petróleo.
Por este motivo, acusó que el IMCO tiene un grave conflicto de intereses y que no tendría por qué pedir que los candidatos rindan cuentas.
“No seremos comparsa de esta iniciativa”, puntualizó el candidato de Morena, quien rechazó el esquema #3×3 y todo lo que conlleva, incluso la presentación de la declaración fiscal de los candidatos, sólo por la participación del IMCO, sin considerar que hay otras organizaciones sociales que participan en este proyecto.
Pese a esto, comentó que los militantes de su partido están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, y que sí darán a conocer sus declaraciones patrimoniales, pero por medio de otras organizaciones sociales o empresariales.
Bravo adelantó, por ejemplo, que su patrimonio consiste solamente en un departamento valuado en 1.5 millones de pesos, un automóvil Mercedes Benz modelo 2005 y una camioneta Honda 2005.
Buscan retrasar declaraciones patrimoniales
Por separado, Patricia Leal Islas, diputada en funciones y candidata suplente por la diputación del distrito IX, dio a conocer que trabaja una iniciativa relacionada a las declaraciones patrimoniales que presentará en próximas fechas.
Sin embargo, la propuesta de la legisladora panista no busca mejorar los esquemas de difusión de las declaraciones de los servidores públicos, sino que pretende retrasar la fecha de entrega de los mismos.
Explicó que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios deben entregar los comprobantes de su situación patrimonial a más tardar el 28 de febrero; sin embargo, por la Ley del Impuesto Sobre la Renta deben hacer lo propio para el 30 de abril.
La propuesta de la legisladora es que ambas entregas se hagan el 30 de abril, de tal manera que se entregue la misma información tanto a las autoridades administrativas y fiscales, para evitar variaciones.
Es importante mencionar que aunque los servidores públicos de la administración estatal entregan sus declaraciones patrimoniales estas no son difundidas, pese a tratarse de un compromiso del gobernador Rafael Moreno Valle.
