La tasa de delitos no denunciados y no investigados es alarmante; es muestra de un país en el que no hay respeto a la ley y la ciudadanía no confía en la autoridad para investigar y castigar el quebranto de la norma.
El artículo fue más que oportuno después de una semana donde dos asuntos ilustran esa falta de Estado de Derecho: por una parte, la (cuasi)exoneración de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y, por la otra, la tranquilidad de Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda.
En relación a la exoneración de Gutiérrez de la Torre, no se puede afirmar que el otrora dirigente del PRI en la cuidad de México es culpable de algún delito, pero sí se puede decir que las estructuras del PRI lo han protegido, amén de que no ha habido una investigación ministerial convincente, ni en la federación ni en el Distrito Federal. Tanta fue la dilación que solo mediante una sentencia se obligó al PRI del DF a que decidiera si sancionaba o no al político priista.
En este contexto, no hay prueba que valga ante una investigación que es tardía, no es exhaustiva y deja a la ciudadanía con la sensación de estar en presencia de la protección ilegal de un personaje que ha acumulado dos denuncias (ambas periodísticas) por utilizar recursos públicos para satisfacer sus deseos sexuales. Quienes lo defienden alegan que no es culpable de delito y por ello es inocente. Piden que los periodistas que denunciaron se disculpen. Esos inocentes olvidan que este país nunca juzgó –y solo cito solo algunos nombres conocidos– a Mario Marín, Echeverría, Díaz Ordaz o Marcial Maciel y que Raúl Salinas, Cabal Peniche, el Divino y demás ilustres personajes están libres. Las sentencias, habrá que aclarar a los defensores del priista, no son sinónimo de justicia en un país donde no se aplica la ley. No se trata tampoco de alentar los linchamientos, pero sí de dejar claro que, en este México, escudarse en la legalidad de un proceso jurídico es un arma politiquera y no un argumento convincente.
En el mismo tenor, en una entrevista con el periodista Carlos Puig, Luis Videgaray Caso afirmó que se encuentra tranquilo después de las revelaciones de la ilegal adquisición de la Casa de Malinalco. El Secretario de Hacienda compró una casa de millones de pesos a Grupo Higa –un contratista del gobierno para quien la operación no arrojó ganancias– y, además, la pagó de manera ilegal. La tranquilidad del secretario tiene su origen en el hecho de que la impunidad es una constante en nuestro país. Luis Videgaray sabe que la adquisición de una casa mediante pagos en efectivo es ilegal si esta cuesta millones de pesos, como es el caso de la casa que compró a Grupo Higa. Lo dice la ley y Videgaray lo pasa por alto. También sabe que es ilegal comprar la casa de un constructor del gobierno porque el conflicto de interés es más que evidente. A pesar de todo, se siente tranquilo.
La joya no solo proviene de su tranquilidad, sino del desparpajo con el que afirma que pensará si hace pública su declaración patrimonial. Es un descaro por todos lados. Se trata de un personaje que en los últimos 10 años ha vivido de la política. ¿Debe reflexionar si hace pública su declaración patrimonial? Dice que eso implica a su familia, lo cual es cierto, pero eso debió pensarlo antes de ser Secretario de Finanzas de Peña Nieto en el Estado de México y Secretario de Hacienda Federal, y antes de hacer de la política su modus vivendi. El secretario está actuando con cinismo y eso golpea tanto como la exoneración de Gutiérrez de la Torre, su compañero de Partido.
Ni el PRI de Gutiérrez de la Torre ni el Secretario de Hacienda están enviando un mensaje democrático. No apelan a la ley como guía, sino como excusa. Apelan al principio de inocencia, pero parecen escudarse en la impunidad. Sus defensores demandan el respeto a la norma, lo que no quiere decir que aprecien su sentido. Ambos personajes se escudan en la ley, lo que no quiere decir que en verdad la respeten.
