Apenas hace un par de días tomaron cartas en el asunto, cuando el tema fue considerado como un “foco rojo” desde principios de año.
La molestia ciudadana fue prácticamente generalizada, ante la ineficacia e ineficiencia con la que se echó a andar la medida.
Con todo y esto, los estrategas optaron por esperar.
Por ello, el anuncio hecho ayer por el gobierno en el sentido de otorgar una nueva prórroga para verificar, cancelar la aplicación de multas, reembolsar las ya cobradas y proceder a hacer un descuento a los ciudadanos cumplidos, parece quedarse muy corto para compensar el monumental repudio que generó.
Fue precisamente durante enero y febrero cuando el esquema colapsó y los bandazos oficiales se volvieron la constante.
De la entrega de fichas en horas de la madrugada a la reservación de horario vía página web, pasando por las citas telefónicas mediante líneas que funcionaban a capricho.
A la par, se daban las clausuras de Profeco, el corte del suministro de energía eléctrica por falta de pago y la impredecible volubilidad de algunas de las máquinas que súbitamente se negaban a operar.
Peor imposible.
Lo extraño del caso es que todo lo anterior era previsible.
Se trataba, en términos “beisbolísticos”, de un strike cantado.
No había manera de que en un espacio tan breve de tiempo, con el nuevo número de centros de verificación autorizados, pudiera cumplir con el trámite el total de vehículos registrados en el padrón estatal.
Ni siquiera con el par de prórrogas autorizadas previas a la de ayer.
El retraso en el actuar resulta incomprensible, cuando en teoría se cuida mucho cualquier aspecto negativo que pudiera afectar la imagen del gobernador en la recta final de su sexenio y de cara a la consolidación de su proyecto presidencial.
¿Qué pasó?
Este puede ser uno de tantos casos en donde la soberbia obnubila el buen juicio.
Tal vez los asesores trataron de intervenir y simplemente no los dejaron.
Otro punto sumamente extraño en este proceso tiene que ver con al coyuntura electoral actual.
Si bien es comprensible que con las nuevas reglas de la verificación se trata de quitarle presión a los candidatos morenovalllistas que buscarán una diputación federal, lo que no resulta muy claro es por qué no se anunciaron cuando uno de los supuestos consentidos del gobernador, Mario Rincón, seguía como titular de la SDRSOT, dependencia directamente encargada del tema.
Es precisamente a este personaje al que se le señala como el responsable del fracaso del programa, un tema que como auténtica losa le pesará cuando vaya a pedir el voto al distrito 7 con cabecera en Tepeaca y en donde enfrentará a Alejandro Armenta, un ex empleado del gobierno federal el cual, en la lógica presidencial, simplemente no puede darse el lujo de perder.
¿Suicidio político o mañoso sacrificio?
