En promedio el gobierno del estado recaudará 600 millones de pesos por concepto de las multas que se impondrán a los más de 400 mil automovilistas que no cumplieron con la verificación vehicular, esto de acuerdo con estimaciones del Congreso Nacional Ciudadano, recursos que deben ser empleados para el cuidado del medio ambiente y no para la promoción y campaña de los funcionarios que buscan alguna diputación federal.
Esto lo indicó Luis Soriano, representante del Congreso Nacional Ciudadano capítulo Puebla, quien acusó que pareciera que las autoridades, de manera consciente, pusieron los obstáculos para que los ciudadanos no verificaran sus vehículos y de esta manera obligarlos a pagar sus multas, que ascienden a poco más de mil 300 pesos.
Exigió que este dinero no sea empleado para campañas políticas de los actuales funcionarios que buscan alguna diputación federal, como es el caso del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), Mario Rincón González; incluso, dijo, se debe evitar que este dinero sea empleado para la promoción de Rafael Moreno Valle para su campaña presidencial.
Por este motivo, los integrantes de esta agrupación ciudadana, acudirán este martes a las 5 de la tarde a las instalaciones de la SDRSOT para exigir una reunión con Rincón González en la cual le pedirán explicaciones sobre diferentes problemáticas que se presentaron durante el proceso de verificación y la razón por la cual no se sancionó a los concesionarios.
También pedirán que el secretario detalle de qué manera se justificará en materia fiscal los pagos de las verificaciones que se realizaron este año, pues si bien estas corresponden al segundo semestre de 2014, el dinero por las mismas ingresa a las arcas estatales corriendo el ejercicio fiscal 2015, lo cual puede representar un riesgo en el manejo de las cuentas públicas estatales.
Apuntarán en particular el caso de Miguel Espina, quien se ostenta como líder de los actuales empresarios de los verificentros, a pesar de haber sido sancionado en 2011 y 2013 por el gobierno del Distrito Federal por irregularidades en sus verificentros.
Además de las preguntas sobre la situación de los verificentros, se presentarán una serie de recomendaciones de en qué invertir el recurso que se genere con las multas, como sería el cuidado y restauración de áreas verdes en las zonas urbanas, el cuidado de las especies endémicas del estado y hasta un programa de sincronización de semáforos para evitar los congestionamientos viales.
