A pesar de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene en su poder videos del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) que captaron el desalojo y levantón de madrugada de los jóvenes que mantenían un plantón en el zócalo de Puebla, las investigaciones de lo sucedido no avanzan.
Así lo manifestó Iván Elias Ojeda Cuevas, estudiante de la Facultad de Derecho y quien apoya jurídicamente a sus 23 compañeros que fueron violentados la madrugada del 8 de febrero.
El futuro abogado explicó que son dos las averiguaciones que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene por los hechos violentos, la 99/2015 que inició sin solicitud de los jóvenes y la 100/2015 que empezó el 10 de febrero cuando los jóvenes acudieron a las instalaciones de la Procuraduría a rendir su declaración.
A partir de esto, se le practicaron a 20 jóvenes los exámenes médicos y psicológicos, do más optaron por quedar en calidad de testigos y una menor de edad prefirió no saber nada más del asunto.
Sin embargo, detalló Elías, no se ha podido tener acceso a ninguna de las dos averiguaciones.
“Hemos estado acudiendo a la PGJ a pedir información, nos habían dicho desde hace ocho días que según ya tenían los videos del CERI y que ya habían citado a comparecer a funcionarios”.
Pero al no haber claridad en las palabras de los ministerios públicos en turno, los estudiantes solicitaron por escrito tener conocimiento de las dos averiguaciones para conocer los avances, así como tener copia de los videos para poderlos mostrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde también ya existe la denuncia.
El escrito girado por los jóvenes y entregado este lunes en la PGJ, se pide también una audiencia directa con el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget, pero hasta la tarde de este jueves no había habido respuesta.
La única respuesta que ha habido, es intimidación hacia los estudiantes, principalmente para los que dan cursos de cara al examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap).
Y es que, según detalló Elías, los sábados y domingos les prohíben el acceso a los jóvenes que forman parte del Colectivo por Una Educación Popular (CUEP), y que son los que imparten los cursos.
A pesar de esta criminalización, agregó, los cursos de preparación para el próximo examen de admisión se han saturado, pareciera que el mismo desalojo concedió publicidad a estos talleres que imparten los universitarios a jóvenes de preparatoria que buscan ingresar a la Buap.
