Al final sólo cuatro de los 628 senadores y diputados federales accedieron ayer a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal, para mostrar su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.
Así, por primera vez se sabe que los senadores ganan un total anual de dos millones 585 mil 580 pesos brutos; es decir, 215 mil pesos mensuales brutos, cuando públicamente sólo reportan los 120 mil pesos netos, incluso en sus declaraciones patrimoniales que Excélsior dio a conocer, la mayoría consignó que ganaba un promedio de 90 mil pesos mensuales.
Pero la declaración fiscal de la senadora panista Laura Rojas deja ver que los senadores ganan al año dos millones 585 mil 580 pesos brutos, de los cuales pagan anualmente un total de 730 mil 651 pesos en impuestos.
Mientras, las declaraciones fiscales de los diputados federales Fernando Belaunzarán, del PRD, y Fernando Rodríguez Doval, del PAN, permiten ver que en San Lázaro ganan un millón 464 mil 423 pesos brutos al año, que se traducen en ingresos mensuales por 122 mil 35 pesos; en total, el año pasado pagaron cada uno 261 mil 816 pesos de impuestos.
Aunque Zoé Robledo, senador del PRD, también incluyó el rubro de declaración fiscal, sólo se pueden ver los comprobantes de que las presentó, pero no tiene el detalle ni de cuánto ganó ni de cuánto dinero pagó de impuestos.
Para los casos de Laura Rojas, Fernando Belaunzarán y Fernando Rodríguez Doval, se observan sus ingresos como legisladores federales, el monto de deducibles y el total de impuestos que les corresponden; en los tres casos les devolvieron dinero, porque son empleados; es decir, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados pagaron más impuestos de los que les correspondían.
Para el caso de Rodríguez Doval se observa que en 2013 tuvo ingresos por 148 mil 648 pesos, por actividades ajenas a su trabajo legislativo, referentes a su participación en una institución educativa.
Con el resguardo de sus datos personales, en la declaración del conflicto de intereses se observa que Laura Rojas tiene una hermana que se dedica a actividades comerciales; un hermano que es maestro de inglés; su papá tiene una fábrica y maquila de contenedores metálicos y su esposo es gerente de una empresa del medio ambiente; que Fernando Belaunzarán tiene un hermano que se dedica al comercio en el área de alimentos en Estados Unidos.
También que Zoé Robledo participa en tres empresas: Digital Media Monitoring SA de CV, Robledar, SA de CV y Transformaciones Agropecuarias del Sureste; que su padre y su madre tienen una empresa inmobiliaria; que su hermano en una empresa familiar de monitoreo de medios, entre otras y que Rodríguez Dovar también tiene participación en empresas del área educativa.
Todos ellos dan cuenta de las agrupaciones sociales y empresariales nacionales e internacionales con las cuales tienen contacto de manera frecuente o lo tuvieron en el pasado inmediato, como Fernando Belauzarán, quien da cuenta de las reuniones, viajes y personajes con quienes platicó en el impulso de su propuesta de legalizar la droga.
En su declaración patrimonial Zoé Robledo reporta la copropiedad de un terreno en Real Diamante, Acapulco, con valor de dos millones 411 mil 250 pesos; que tiene tres automóviles y camionetas; uno de ellos, adquirido en 2011, tiene un valor de 603 mil 300 pesos; cinco cuentas de cheques, un préstamo y la participación en un fondo de inversión, por un total de dos millones 332 mil 678 pesos, entre otros bienes.
Laura Rojas reportó que tiene un departamento en la colonia Roma, con valor de un millón 818 mil pesos; una casa en Las Américas, Naucalpan, de dos millones 380 mil pesos; otra en Vista Esmeralda, Atizapán, de dos millones 150 mil pesos; un nicho en Parque Memorial Jardines del Tiempo con valor de 49 mil 500 pesos y un terreno en San Francisco Chimalpa, Naucalpan, Estado de México, con valor de un millón de pesos.
Los que se arrepintieron
A pesar de que se comprometieron en que serían los primeros en participar en este ejercicio de rendición de cuentas —que se puede consultar en la página www.legisladortransparente.mx— pocos sostuvieron su palabra.
De acuerdo con el boletín oficial que se difundió el pasado domingo, estaban comprometidos con este ejercicio Laura Rojas, Zoé Robledo, Ernesto Cordero, Ernesto Ruffo, Javier Corral, Marcela Torres, Daniel Ávila, Fernando Yunes, Francisco Domínguez y Francisco Búrquez, así como de los diputados Fernando Rodríguez Doval y Elizabeth Yáñez; de los perredistas, el senador Armando Ríos Piter y el diputado federal Fernando Belaunzarán.
Ayer, a pesar de que asistió a la presentación oficial de este sitio de internet, Ríos Piter no fue parte de este esfuerzo que fue diseñado junto con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) y que busca convencer a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales a sumarse para que con estos esfuerzos se reconquiste la confianza de los ciudadanos.
“La política no debe servir para hacer dinero”
Luego de que legisladores del PAN y PRD lanzaron la iniciativa “#3De3, tres declaraciones, un compromiso”, para hacer públicas sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses, la senadora panista Laura Rojas admitió que tienen miedo: “Claro que lo tenemos, en este país te secuestran por 10 mil pesos; sin embargo, creemos que dar este paso es necesario y, al mismo tiempo, lo es demandar seguridad para los mexicanos”.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, la legisladora señaló que el proyecto —que fue diseñado con el respaldo de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)— busca que todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno presenten su declaración patrimonial.
“Hay que reconocer que estamos viviendo una profunda crisis de credibilidad en la clase política, producto de beneficiarse de manera ilegal de los cargos. Hemos querido hacer públicas estas declaraciones y proponer iniciativas para regular esto, a fin de contribuir a la política y que no se vea como un espacio de enriquecimiento”.
Entrevistado de manera simultánea para el mismo espacio, el diputado del PRD Fernando Belaunzarán dijo que “lo que queremos es mandar este exhorto para atender el llamado de la sociedad y enviar el mensaje de que la transparencia es la forma correcta para hacer una mejor sociedad. La política no debiera servir para hacer dinero, y debemos vivir como la mayoría, porque queremos representar a la mayoría”.
El legislador admitió la necesidad de revisar los parámetros de los salarios que reciben los funcionarios al admitir que son salarios altos. No obstante sobre la corrupción señaló que cuando se refiere al tema como sistémica es “que en el centro está que la corrupción es la fuente de financiamiento de la política. Mientras la distribución del poder se decida en contiendas donde un punto definitorio sea la cantidad de dinero para crear clientelas, es un incentivo. Hay que ir a la raíz para cambiarlo”.
Ya por la noche, en entrevista con Excélsior Televisión, el senador del PRD Zoé Robledo expuso que la iniciativa “#3de3” sentará un precedente en México.
“Yo creo que el hecho de que por primera vez un Presidente en el país hable de un conflicto de interés, es un primer paso en el camino correcto y en el sentido correcto”.
Sin embargo, afirmó que la acción ejecutiva de instruirles a los funcionarios del Poder Ejecutivo a que presenten su declaración de intereses debería ser una obligación y no una instrucción de su jefe.
El legislador perredista subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas es un tema prioritario en la agenda legislativa, y confió en que la iniciativa “#3de3” se convierta en ley en este periodo ordinario de sesiones.
“Hay que partir de una autocrítica que sea honesta; uno de los problemas y en lo que nos hemos extraviado es en la de estar señalando a los otros sin antes reflexionar qué cosas se pueden hacer mejor desde nuestra propia casa, por eso empezamos en el Senado más allá de hablar sobre si esto debe ser una práctica común en el Ejecutivo o en el Judicial”.
Apuntó que los legisladores aún deberán definir el formato que deberá regir para que quienes aspiren a un cargo, ya sea público o de elección popular, presenten de manera previa esta declaración.
