Dice que no es mano dura. Dice que es justicia y que sólo busca defender el patrimonio de los poblanos, pero lejos de pensar en sanciones alternativas desde su óptica la única respuesta es la de establecer penas de hasta seis años de cárcel. Dice también que busca cerrarle el paso a un fenómeno, el de las pandillas, “y evitar su evolución que pueda resultar en un reclutamiento de organizaciones delictivas”.
Y por ello Eukid Castañón, el presidente de la comisión de Gobernación, el hombre sobre el que Rafael Moreno Valle ha dejado su operación política y es punta de lanza en la Cámara de diputados para la siguiente legislatura, presentó dos propuestas de reforma, a los artículos 186 y 413 del código penal para endurecer las penas “a quien causare daño, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos o cualquiera otra manifestación gráfica”, y a quienes se reúnen de forma “habitual, ocasional o transitoria” en grupos “de tres o más personas” y “que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito”.
En el primero de los casos las penas suben de 30 días como pena mínima a un año y como máximo tres años, en caso de que se rayen bienes de propiedad privada; y de 40 días a dos años, en pena mínima y máximo de cuatro en caso de pintar sobre bienes y edificios públicos.
Si además los grafiteros o cualquier que decida sin autorización pintar sobre la ciudad, ya sea mobiliario o bienes público o privados, lo hacen en grupo corren el riesgo de ser catalogados como pandilla, lo que podría sumarle a su condena hasta seis años de prisión.
En su propuesta, el panista decidió además eliminar las sanciones alternativas que en este momento considera el Código Penal del estado, como el trabajo comunitario y la mediación.
En su argumentación para el endurecimiento de penas, en algunos hasta duplicando las actuales, el diputado invocó un principio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la proporcionalidad de la pena, “es que esta debe ser acorde con el bien jurídico afectado, lo cual se encuentra plenamente justificado, pues se trata de la seguridad colectiva”.
Para aumentar las penas en el caso del grafiti, el panista planteó que “el legislador debe tutelar en mayor medida uno de los bienes jurídicos de gran trascendencia de los gobernados, como lo es el patrimonio de todos nosotros (…) protegiendo los bienes muebles e inmuebles del estado, así como los bienes destinados al servicio público, equipamiento urbano o infraestructura, toda vez que a través de acciones dolosas son dañados, lo cual trasciende en una afectación del patrimonio del estado y la adecuada prestación de los servicios”.
Y concluyó diciendo: “Es mano dura o justicia. Tenemos la obligación de proteger el patrimonio de los poblanos con firmeza, o podemos caer en esta traducción irresponsable, como se ha venido manejando. Puebla, hoy requiere de un marco jurídico fortalecido que proteja el patrimonio de los poblanos y de las poblanas, su patrimonio privado pero también patrimonio de todos, las calles, las obras, los puentes. Puebla necesita un marco jurídico que fortalezca la convivencia, la legalidad y las buenas costumbres”.
El PAN quiere trato preferente para el gobernador
A la par, en la sesión del día de ayer el dirigente de la bancada azul en el Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, propuso una reforma al artículo 63 de la constitución política del estado que obliga al Congreso del estado a dar preferencia a las iniciativas del Ejecutivo.
De acuerdo con el diputado, dicha reforma permitirá que el gobernador del estado tenga la posibilidad de impulsar en calidad de urgente dos iniciativas de ley por periodo legislativo, es decir, 6 por año, y justificó que se trata de una propuesta que ya se aplica en el Congreso de la Unión.
Lo anterior a pesar de que en general los gobernadores han tenido un trato preferente por parte del poder legislativo, en especial el gobernador Rafael Moreno Valle que ha logrado la aprobación de sus iniciativas en cosa de horas. Uno de los casos más extremos tiene que fue el de la reforma a la Ley del Transporte que le permitió retomar el control de la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Artículo (RUTA), que entre la presentación de la ley en el pleno y su aprobación se tardó tan sólo tres horas y media. Fue incluso más rápida que la llamada ley Mondragón, es decir la reforma al código electoral del estado que le permitió al gobernador hacerse del control de su partido haciendo a un lado al grupo que encabezaba el ex dirigente panista Juan Carlos Mondragón. Esa reforma, aprobada en la legislatura pasada requirió un proceso de cuatro horas, desde su presentación e ingreso al poder legislativo hasta su aprobación final.
