La estructura eclesiástica poblana se ha puesto a las órdenes del mandatario para utilizar su amplia influencia en sectores sociales de comunidades que se sienten afectadas por lo que consideran una política autoritaria ensayada con absoluta saña desde lo más alto del poder político local y que ha llevado a la cárcel a las voces disidentes.
Los casos en donde la operación de la jerarquía católica a favor de los intereses gubernamentales ha sido más evidente se dan en las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección, comunidades cuyas autoridades se encuentran encarceladas por encabezar acciones de protesta en contra de la determinación legislativa de retirarles el control de los juzgados civiles y en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, en donde habitantes tomaron la presidencia municipal para manifestarse por el proyecto de construcción del Parque de las 7 Culturas.
Para lograr “bajar los ánimos” y fracturar la unidad de los opositores, el arzobispo optó por utilizar a los mayordomos de las distintas parroquias —figuras de altísima influencia en la comunidad católica—, quienes hasta el momento han dado magníficos resultados.
Este invaluable servicio significa la recomposición absoluta de las relaciones entre Víctor Sánchez Espinoza y Rafael Moreno Valle, consideradas como “frías y distantes” desde el inicio de la actual administración.
Razones para justificar el distanciamiento sobran.
Al hoy gobernador no le gustó nada el hecho de que el arzobispo mostrara una cercanía evidente con Javier López Zavala, en plena campaña por la gubernatura en el 2010.
La luz verde dada por el prelado para que el priista hiciera abierto proselitismo entre la comunidad católica, inclusive dejándose fotografiar con una imagen de la Virgen de Guadalupe fue apenas un modesto ejemplo de la buena relación.
Es más, en declaraciones a los medios, Sánchez Espinoza reconocía como “buena” su relación con Mario Marín Torres, avalando su gestión con un 8.5 de calificación.
Ya siendo gobernador, Moreno Valle tardó más de dos meses en recibir personalmente al jerarca eclesiástico quien pidió una y otra vez audiencia para entregar un documento que contenía la visión de la iglesia católica en torno a problemas de alcance social como la pobreza, la marginación y la inseguridad.
En noviembre de 2011, el mandatario envió al congreso poblano una iniciativa para modificar el artículo 342 del Código de Defensa Social para sustituir la cárcel por tratamientos médicos integrales a las mujeres que aborten en el estado, lo cual no fue bien visto por el arzobispo.
Ya en el 2013, en otra coyuntura electoral importantísima para los intereses políticos del gobernador, Sánchez Espinoza mostró nuevamente que en su corazón latían fuerte los colores del partido tricolor al declarar públicamente que el candidato a la alcaldía, Enrique Agüera, era “un hombre de resultados”.
El enojo y la frialdad en las relaciones entre autoridades civiles y eclesiástica regresaron, hasta que los asesores del gobernador comprendieron el enorme beneficio que podría significar para ellos la intervención del clero en comunidades consideradas como “focos rojos” en materia de gobernabilidad.
Como puede ver, los buenos oficios del arzobispo han sido más efectivos que la supuesta operación de la Secretaría General de Gobierno en estos casos.
¿Por qué no darle forma a una Secretaría de Asuntos Eclesiásticos y nombrar como su titular a Sánchez Espinoza?
Total, si ya realiza de facto esas funciones…
