¿Cómo propiciar la formación propia y la de los demás cimentadas en la conveniencia de hacer lo correcto, en un país como México en el cual son altísimos los niveles de impunidad?
De acuerdo con las cifras que en abril de este año presentó la Procuraduría General de la República (PGR), dentro del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, el 93% de los delitos, tanto del fuero común como del federal, quedan impunes.
En aquél entonces se dijo que en México, en el periodo del 2000 al 2012, se presentaron 19.9 millones de denuncias, sin embargo solamente en 1.4 millones de casos se alcanzó sentencia condenatoria.
Por supuesto estas cifras son fiel reflejo de lo que sucede con la impunidad en ámbitos específicos, por ejemplo, a decir del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en los casos de homicidios de periodistas, México se encuentra en el nada honroso séptimo lugar mundial con mayor incidencia, sólo después de Iraq, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán.
En diversos estudios y convenciones internacionales se ha coincidido que en condiciones como las que imperan en México se trata de una fenomenología compleja y sistémica, la cual repercute directamente sobre el convencimiento que tienen las generaciones actuales de que no habrá remedio y este caos se heredará esperando que sin saber cómo, tal vez en el futuro incierto se cambie. Pero no, los cambios sólo se dan en el sentido en el que la voluntad apunta.
Es evidente que ante la magnitud de la impunidad, los esfuerzos que se realizan desde el ámbito escolar para formar en torno a principios como la justicia y la legalidad, resultan tan ínfimos y alejados de la realidad que es como tratar de curar un cáncer con una tira adhesiva sanitaria, por eso, también esto parte de lo que hay que cambiar.
En este contexto, los esfuerzos formativos escolares públicos están viciados de origen, porque se omite que es en la esfera de las autoridades de los tres niveles de gobierno desde donde por incapacidad, complicidad o complacencia se permite y fomenta que las faltas y delitos propios y de los ciudadanos queden sin castigo.
A la panorámica anterior, en los últimos meses en México se han presentado casos lamentables –como los homicidios de migrantes, los normalistas de Ayotzinapa y los ejecutados en Tlatlaya- que debido a su recurrencia y saña, podrían tratarse de delitos de lesa humanidad y que por lo mismo han atrapado la atención nacional y han desencadenado el repudio internacional generalizado.
Estos casos significan el culmen de lo peor que puede suceder en un país: homicidio masivo, involucramiento directo de autoridades y la lenta, lentísima actuación de las autoridades.
Esos casos también podrían significar un parteaguas en la cultura extendida de la impunidad en nuestro país, porque estamos frente a la oportunidad de que por una parte los padres y familiares de las víctimas, arropados por la sociedad mundial, no cedan en la exigencia de justicia, y por la otra, de que la autoridad federal de una vez por todas de muestras de su convicción por restablecer la justicia en una nación que ya no cree en promesas y que está sumamente irritada y lastimada.
La verticalidad y férrea convicción de quienes sin ceder y pacíficamente exigen justicia, y la determinación de las autoridades de llegar al fondo de los asuntos “caiga quien caiga”, podrían constituir magnas clases de civismo que por su magnitud serían bálsamo para iniciar la extirpación de nuestras venas de la extendida cultura de la impunidad.
Educar(se) en la impunidad es mantener el firme propósito de la rectitud propia y no dejarse contaminar por el entorno.
¿No le parece que deberemos estar atentos a los episodios que están por venir y que si logramos sistematizarlos y concienciarlos, tal vez estemos en posibilidad de algún día decir que contribuimos a vencer la impunidad y restablecer la justicia?
