Activistas de Puebla y del Distrito Federal se pronunciaron porque el nuevo ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, se pronuncie sobre el cumplimiento o no de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Rafael Moreno Valle por el caso Chalchihuapan, pues desde su óptica el plazo se cumplió y es tiempo de que el Senado de la República conozca del caso.
Al respecto, Daniel Gershenson sostuvo: “Lo que sucedió en Chalchihuapan es una confirmación más de que la impunidad se premia, de que si no hay un castigo con todas las de la ley, estos comportamientos se repiten. No queremos que esto siga sucediendo, que se atienda cabalmente las recomendaciones de la CNDH, tenemos un nuevo ombudsman, pues esta podría ser una de sus primeras pruebas de fuego, y hacemos un exhorto desde las sociedad civil para que atienda este caso, como muchos otros, que el señor Raúl Plascencia dejó en el limbo”.
Y recordó además que Facundo Rosas fue directamente responsable de la muerte de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2011.
Por su parte Mirsaim Hernández puntualizó que desde su óptica no se ha cumplido con las recomendaciones. Y pidió al nuevo titular de la CNDH que informe sobre los resultados que dio el gobierno del estado, “pues es importante que el caso ya pase al Senado de la República para que se cite a comparecer al gobierno del estado por las violaciones graves en Chalchihuapan”.
En rueda de prensa ofrecida en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Misraim Hernández y Daniel Gershenson, alertaron de que la situación en Puebla en general y en Chalchihuapan en particular está muy crispada y de no atenderse podría generarse un brote de violencia, ante el constante acoso gubernamental.
Y recordaron que a la par de las detenciones que se produjeron en octubre pasado en Chalchihuapan, con el argumento de que se trataba de personas involucradas en los golpes que recibió la policía durante el violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, se han registrado también detenciones de los ediles de las juntas auxiliares de la Resurrección y Canoa.
Y por último, Misraim Hernández recordó que el fondo del asunto que provocó la toma de la autopista el pasado 9 de julio fue el retiro de la facultad del Registro Civil a las juntas auxiliares y eso no se ha resuelto aún, como tampoco se ha abrogado la ley bala, a pesar de que desde hace meses la propuesta llegó al Congreso del estado.
