El sub es incapaz de negociar y dialogar con organizaciones sociales, porque el secre entabla reuniones directas con líderes para acordar su desmovilización a cambio de dinero por debajo del agua en el marco de la crisis en Chalchihuapan, donde la policía morenovallista mató a un menor indígena y después todo lo encubrió el gobierno de Puebla.
Por lo pronto, Cornejo toma decisiones discresionales con las juntas auxiliares. Ya no consulta a Maldonado, pues sabe que anda ocupado en negocios con líderes sociales.
El titular de la SGG atiende personalmente a Juan Celis, líder de Antorcha Campesina en Puebla; y a Simitrio, dirigente de la 28 de Octubre, ambas organizaciones ajenas a #PueblaDeLuto.
Antorcha y la 28 de Octubre negociaron su ausencia en la crisis de Chalchihuapan. Ahora se explica el lugar de honor que le dio Aquiles Córdova a Maldonado en los festejos del XL aniversario del movimiento antorchista.
¿Qué impide la ruptura total?
Pues los intereses económicos que aún los vincula, aunque estas señales encontradas reflejan una falta de gobernabilidad y caos en la Secretaría General de Gobierno.
Ya amenazaron a varios directores generales con el despido para culparlos por los pleitos entre secretario y subsecretario, pues cada quien empezó a hacer su guardadito de fin de sexenio.
En el fondo, Cornejo quiere su moche de los pactos de Maldonado con Antorcha Campesina y la 28 de Octubre. Sabe que corren carretadas de dinero por debajo del agua.
Todo es en efectivo, sin registro contable. No se deja rastro, claro, antes de entregar el dinero le dan su peinadita.
Lo que Celis y Simitrio no le dicen a Maldonado es que también traen otros arreglos con el morenovallismo.
Sorprende la ruptura de Maldonado y Cornejo, ex diputado de Morelos. Ambos coincidieron en el 2006 en Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.
El propio secretario ha sostenido a Cornejo ante su oscuro pasado como funcionario.
Le solapó varias irregularidades:
El subsecretario estuvo sancionado dentro del expediente CI/138/04 de la extinta Secretaría de la Función Pública, con los siguientes datos:
1) Proceso administrativo 206/96:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de dos años, así como económica por la cantidad de $16,915.46. Resolución firme.
2) Proceso administrativo 05/97:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de un año. Resolución firme.
3) Proceso administrativo 147/97:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de un año, así como económica por la cantidad de $79,265.35. Resolución firme.
4) Proceso administrativo 44/88:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de un año. Resolución firme.
5) Proceso administrativo 123/97:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de dos años. Resolución firme.
6) Proceso administrativo 148/97:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de un año y sanción económica por la cantidad de $92,924.91.
La resolución se dejó insubsistente en cumplimiento con la sentencia dictada en juicio de nulidad.
7) Proceso administrativo 162/97:
Sanción impuesta: Inhabilitación por el término de dos años.
La resolución se dejó insubsistente en cumplimiento con la sentencia dictada en juicio de nulidad.
8) Proceso administrativo 103/97:
Sanción impuesta: Inhabilitación por el término de un año y sanción económica por $23,311.81.
La resolución se dejó insubsistente en cumplimiento con la sentencia dictada en juicio de nulidad.
9) Proceso administrativo 111/97:
Sanción impuesta: Destitución e inhabilitación por el término de un año.
La resolución se dejó insubsistente en cumplimiento con la sentencia dictada en juicio de nulidad.
Está claro que las sanciones ya surtieron efecto, pero eso nos explica que al subsecretario le gusta mucho el dinero, sobre todo el público y sin rastro.
Vaya desmadre en la Secretaría General de Gobierno.
¿Y el gobernador Moreno Valle?, en lo suyo: la campaña presidencial 2018, capítulo: Operación para desmantelar al maderismo del PAN con el VoBo de Anaya.