Y es que, una vez que se estableció la cantidad a gastar, el mandatario estatal llevó a cabo sendas reuniones con los entonces ediles electos de las entidades más importantes del estado, en donde se les “recomendaría” el destino final del dinero que recibirían por parte del gobierno federal.
En los encuentros, a los que asistieron presidentes municipales emanados de todos los partidos políticos, el gobernador llevaba ya sendas carpetas con proyectos en donde de antemano había ya determinado las prioridades en materia de obra pública y generación de infraestructura, los presupuestos de cada una de ellas y hasta las empresas idóneas para llevarlos a cabo.
Todo el pastel armado.
En el discurso, Moreno Valle le advirtió a los munícipes que esta era la receta idónea para el inicio de sus administraciones.
Que los proyectos estaban ya previamente estudiados, que esas obras eran las que llevarían beneficios concretos a una mayor cantidad de poblanos y que las empresas que las realizarían eran garantía de calidad, seriedad y cumplimiento.
Así, podrían dar una imagen de gobierno eficiente a quienes recientemente habían votado por ellos y de inmediato ganarse la confianza ciudadana.
La joya de la corona fue la promesa implícita de que si seguían al pie de la letra las recomendaciones que les hacía, no iban a tener el mínimo problema en el proceso de revisión de la cuenta pública de su primer año de gobierno.
Con un Congreso postrado al ejecutivo, en donde sus deseos son órdenes, lo anterior resultaba más que atractivo.
Lógicamente, los alcaldes que le debían el cargo al gobernador ni siquiera chistaron, era una orden.
En cambio los priistas, los supuestos opositores, escucharon con atención la propuesta sin mostrar su rechazo y decidieron acudir a los diputados federales emanados de su partido para denunciar semejante violación a la autonomía municipal.
Algunos tomaron lo anterior como una afrenta y buscaron una reunión urgente en la oficina principal del CEN del PRI.
Días después, César Camacho los recibió.
Escuchó con atención sus reclamos, pero lejos de indignarse, les ordenó no intervenir en el asunto, dejar las cosas como estaban y permitir que el gobernador les impusiera a los alcaldes la forma de manejar sus respectivos presupuestos.
“Moreno Valle es fundamental para la aprobación de las reformas estructurales que se discutirán en el Congreso y en el seguimiento de los acuerdos establecidos en el Pacto Por México” —fue su argumento.
En ese tiempo, el gobernador poblano estaba al frente de la Conago y desde ahí había hecho varios llamados a sus compañeros gobernadores para dejar a un lado posturas de tipo político e intereses de grupo para sumarse a las iniciativas enviadas por el presidente Peña a ambas cámaras del legislativo federal.
Al final, a los diputados priistas no les quedó más remedio que seguir la línea dictada por su dirigente nacional.
Ni chistaron.
Ahora, en este 2015, se hablan de cerca de 70 mil millones para Puebla en el 2015 y están dadas todas las condiciones para que, otra vez, el jefe del ejecutivo estatal tenga la única y última palabra en la forma en la que se van a gastar.
Aprobadas las reformas estructurales y agotado el Pacto Por México, ¿qué pretexto darán ahora para justificar su sumisión al morenovallismo?
