A finales los 50 y en adelante, y con especial fuerza en el movimiento del 68 y la guerra sucia que se vivió en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría, los gobiernos emanados del PRI utilizaron el delito de disolución social –reconocido entonces en el artículo 145 del código penal federal— como herramienta legal para encarcelar a presos políticos. Ahora, el gobierno de Rafael Moreno Valle utiliza los delitos contra el orden constitucional y la seguridad del estado como una reedición de aquel artículo para mantener encarcelados a cuatro personas por oponerse a la construcción del proyecto de la plaza de las siete culturas o parque intermunicipal en los terrenos aledaños a la pirámide de Cholula.
El símil entre los dos delitos fue planteado por el antropólogo e investigador universitario Julio Glokner durante una rueda de prensa que ofrecieron el pasado jueves luego de que se conociera que Adán y Paul Xicale y los hermanos Albino y Primo Manuel Tlachi fueron internados en el penal de Cholula acusados por cinco delitos, tras su detención por la toma de la alcaldía de San Andrés Cholula y el cierre del periférico, entre ellos el de “delitos contra el orden constitucional y la seguridad del estado”.
“Uno de los errores más graves que están cometiendo (el gobierno estatal y el municipal) es criminalizar la protesta social, con este asunto del ataque al orden constitucional que no es si no una reedición del articulo de disolución social que se aplicó en 1968 durante el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz”.
Julio Glockner cuestionó también que las administraciones municipales de Leoncio Paisano y José Juan Espinosa no han logrado establecer verdaderos mecanismos de comunicación con los habitantes de las dos cholulas.
“El segundo gran error que cometieron fue cercar los terrenos, dar un madruguete y mandar a la policía para hacer valer la voluntad de expropiación y de sacar adelante este proyecto erróneamente llamado de las siete culturas sin consultar no solo a la población sino a los poseedores de estos terrenos”.
El antropólogo también cuestionó la simulación de diálogo que han intentando tanto las autoridades municipales como las estatales para tratar de contener la inconformidad social.
“El presidente Paisano, llegó a un acuerdo firmado con los pobladores que consistía en dar marcha atrás al proyecto de las siete culturas, y horas después volvió a sacarlo adelante, engañó a la población de San Andrés simulando que llegaba a un acuerdo con ello. Y hace dos días sucedió exactamente lo mismo en Tlaxcalancingo cuando el gobierno del estado se comprometió el señor Arronte a liberar a los detenidos y ahora nos estamos enterando de que enfrentan cargos de suma gravedad”.
Por último, cuestionó también que las indemnizaciones ofrecidas sean de tan bajas con respecto al costo que pueden tener esos terrenos, “les están ofreciendo una bicoca por terrenos que todos sabemos que valen muchísimo más de lo que les están ofreciendo”.
