Desde la óptica de algunos de los policías despedidos en días pasados por el gobierno del estado, las razones de fondo más allá de que pudieran acreditar o no el examen de confianza es el pago de pensiones y la carga fiscal que esta implica, pues la mayoría de los más de 400 despedidos tienen entre 15 y 20 años de prestar sus servicios al estado.
Mientras que sólo un 10 por ciento aproximadamente de los agentes de seguridad, que no se limitó a policías estatales sino que incluyó también bomberos y custodios, formaron parte de los batallones que actuaron en el violento desalojo de San Bernardino Chalchihuapan.
Por su parte, Alejandro del Castillo que forma parte del equipo jurídico que acompañó a la familia Tamayo y a los heridos de Chalchihuapan, anunció que ya se inició con la asesoría legal a los policías, quiénes la tarde del domingo se presentaron en esa comunidad para pedir el apoyo ante lo que calificaron de injusticias del gobierno estatal.
Entrevistado, Del Castillo explicó que integraran a los policías despedidos al movimiento de protesta y rechazo a las políticas estatales que tiene su epicentro en las Juntas Auxiliares, específicamente en San Bernardino Chalchihuapan.
El abogado señaló que si bien tiene claro que algunos de los policías estuvieron presentes en el desalojo, también es cierto que no llegaron por si solos, sino que fueron enviados por el gobierno del estado, “el operativo fue ordenado por el gobernador, y ahora lo que vemos y se los hemos dicho es que todo lo quiere resbalar culpando a dos o tres elementos de la policía.
“Y el gobernador no asume su responsabilidad, ni frente a la comunidad, pues ya dijo que no tiene que ofrecer disculpas, ni frente a los elementos de la policía estatal pues ya se ve que son a ellos a quienes quieren culpar. Entonces, les vamos a dar el apoyo en los dos sentidos, tanto jurídico como político”.
Del Castillo también planteó que Rafael Moreno Valle ha logrado unir a los poblanos pero en su contra, “muchas veces nos han preguntado si nuestro interés es tirar al gobernador, y yo les digo que no hay necesidad, él se va a caer solo. Nadie estaba buscando su destitución, pero ya son demasiadas tropelías las que hace, está actuando en la ilegalidad, y nosotros ya estamos reuniendo a varios sectores de la población para irnos por el juicio político”.
Mil pesos por año de antigüedad
Por su parte, uno de los policías que acudió al sindicato de telefonistas en donde fueron atendidos por el grupo jurídico del que forma parte Alejandro del Castillo, explicó que el gobierno del estado los están queriendo obligar a recibir un finiquito de 20 mil pesos, prácticamente mil pesos por año de antigüedad, so pena que de no recibirlo tendrían que buscar la pelea legal y que serán subidos a plataforma México, lo que los colocaría en una lista negra que les impedirá obtener un trabajo posterior.
El policía, que pidió la gracia del anonimato, y pidió a gobernador del estado dejar de atropellar los derechos laborales de las fuerzas de seguridad en el estado.
“Vean cuando nos lo vienen a hacer, casi a finales de año y ya es difícil encontrar un trabajo”.
“Al principio éramos como 400, algunos por compromiso ya decidieron firmar y dicen que los van a reinstalar en un puesto administrativo, yo no sé de donde el gobierno va a sacar 400 plazas administrativas, y muchos estamos siendo coaccionados para firmar”.
