La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública siguen protegiendo el pasado del policía Mario Tomás González Ricaño, que participó en el operativo policial del pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, a pesar de contar con antecedentes delictivos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual.
A preguntas realizadas vía la Ley de Transparencia, las dos dependencias negaron el acceso al expediente del examen de confianza (folio 333214), al expediente de Ingreso a las filas de la policía estatal (folio 333114), y a la averiguación previa que se inició (folio 333314) luego de que fuera detenido en el bar clandestino, Lujuria’s Ladies.
En su argumentación, lejos de ayudar a clarificar las razones para que González Ricaño formó parte del operativo, y después fue mostrado en videos que circularon en redes sociales como uno de los agentes golpeados por los vecinos de Chalchihuapan durante la confrontación que se originó luego de que la policía intentara desalojarlos, las dos dependencias aseguraron que los documentos están clasificados como “información confidencial”, lo que significa que jamás serán conocidos por la sociedad.
A las respuestas de las dependencias que encabezan, Facundo Rosas Rosas y Víctor Carrancá Bourguet, se suma la negativa expresa del titular de la PGJE a explicar como fue que el policía que él mismo presentó como detenido a finales del 2011 acusado de ser responsable de una banda de trata de personas, estaba dos años y medio después en las filas de la policía estatal.
De acuerdo con el portal Lado B, fue el propio Carrancá quién en noviembre de ese año “dio a conocer que la Fiscalía General Jurídica y policías ministeriales realizaron un operativo en un inmueble del Boulevard Las Torres número 3 en el municipio de Huauchinango ya que ahí operaba de forma clandestina un bar conocido como Lujuria´s Ladies, y ahí fueron localizadas las niñas y jovencitas que eran explotadas sexualmente y son originarias de diferentes municipios de la Sierra Norte”.
“El policía estatal, Mario Tomás González Ricaño, administraba el bar junto a Reyna Flores Benito, de 25 años de edad por lo que ambos fueron detenidos. ‘Durante las diligencias en el interior del inmueble se encontraron diversos artículos entre los que destacan videos con contenido pornográfico que serán revisados por el Ministerio Público’, dijo el procurador”.
Cuestionado al respecto, durante la rueda de prensa que ofreció Carrancá Bourguet el 30 de julio de este año, el procurador dijo: “el hecho de que el policía tenga o no tenga ese precedente, que no constituye antecedente, pero el hecho de lo que haya ocurrido en otra ocasión en relación con su persona en nada cambia la agresión de la que fue objeto, y en nada cambia los golpes que recibió y el peligro de perder la vida que tuvo”.
“Lo que estamos investigando en esta averiguación previa es lo ocurrido el día 9 de julio y lo que cada una de las personas que estuvo ahí realizó ese día, si es una protesta pacifica, una manifestación de pobladores nada más, o hay otros actos violentos que generan consecuencias de naturaleza penal, eso es a lo que yo me estoy concentrando”.
Y desde entonces, y hasta el momento, lo único que se sabe de manera extraoficial y de acuerdo con lo publicado por el portal e-consulta es que fue liberado luego de que su abogado defensor tramitara un amparo que le fue concedido por el Poder Judicial de la Federación.
Otra de las autoridades estatales que reconoció la detención pero también se negó a hablar de las razones de la liberación de Gonzáles Ricaño fue Juan Luis Galán Ruiz, director de la Policía Ministerial, según reportó el portal e-consulta.
