Si nos apegamos a los hechos —en el caso de la muerte del niño José Luis Tehuatlie—, parece que el gobierno de Puebla, el gobierno federal y la CNDH, disputan el nada honroso trofeo de construir la mentira más grande.
Y es que desde el 9 de julio —cuando resultó herido de muerte José Luis, luego del choque entre policías y comuneros—, al 11 de septiembre —cuando Raúl Plascencia informó que el niño habría muerto por el impacto de un proyectil de gas—, han pasado 64 días de mentiras, engaños, contradicciones e intentos de alterar la verdad de los hechos, sea por parte del gobierno de Puebla, por la PGR y hasta por la CNDH.
Lo curioso, sin embargo, es que a más de dos meses del atentado nadie sabe a ciencia cierta de quién es la responsabilidad de la muerte de José Luis; no se sabe quién debe ser castigado y, en el extremo, nadie sabe por qué razón parece que todos los involucrados mienten. Por eso la pregunta. ¿Con qué cachaza reclaman la credibilidad ciudadana el gobierno de Rafael Moreno Valle, la PGR y el peor presidente que ha tenido la CNDH, Raúl Plascencia? ¿A quién debemos creerle?
LOS HECHOS Y LOS DICHOS
Como es sabido, el pasado 9 de julio, la policía estatal intentó desalojar un bloqueo de comuneros que protestaban contra el gobierno de Moreno Valle, en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. El choque provocó lesionados de ambos bandos pero reportó gravemente herido de un aparente proyectil en la cabeza al niño José Luis Tehuatlie, que falleció horas después.
Con una víctima mortal como bandera, el movimiento de comuneros de Chalchiuapan fue tripulado por la diputada federal del PRD, Roxana Luna, quien culpó a la policía estatal de disparar balas de goma contra la multitud y que uno de esos proyectiles mató al niño. En respuesta, Moreno Valle negó toda responsabilidad de su policía y aseguró que sus uniformados nunca habían utilizado balas de goma.
Rápidamente el caso se convirtió en un escándalo nacional y —a pesar de que los indicios periciales apuntaban a que el niño habría sido víctima de la fuerza expansiva de un petardo—, el gobernador Moreno Valle debió operar un control de daños emergente que consistió en ordenar al Congreso local la derogación de la llamada Ley Bala. ¿Y qué es eso?
LA CNDH INDOLENTE
Resulta que semanas antes del enfrentamiento de comuneros y policías en Chalchihuapan, el gobierno de Moreno Valle hizo aprobar por el Congreso estatal —al que mangonea a su antojo—, una ley para reprimir manifestaciones mediante el uso legítimo de la fuerza. La legislación permitía a la policía el uso de balas de goma contra manifestantes.
Lo simpático del tema —simpático por ridículo—, es que la Ley Bala en realidad fue redactada por los muchachos del presidente de la CNDH Raúl Plascencia, aliado del gobernador Rafael Moreno Valle, a quien “prestó” incondicionales como Adolfo López Badillo, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y ex secretario particular de Plascencia en la CNDH; Malcolm Alfredo Hemmer, actual contralor del gobierno de Puebla y ex oficial mayor de la CNDH, y Juan Pablo Piña Kurezyn, hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya y amigo personal tanto de Raúl Plascencia como de Moreno Valle, con quienes ha trabajado en distintos cargos de primer nivel en la administración poblana y en la CNDH.
Y es que Plascencia y Moreno Valle comparten proyectos y grupos políticos. El primero aspira a la reelección de la CNDH y el segundo aspira a la candidatura presidencial por el PAN. Con dinero público se solapan y apoyan sus respectivas ambiciones de poder. Por eso, cuando estalló el escándalo por la muerte del niño José Luis, la CNDH guardó silencio, nada dijo sobre su aval a la Ley Bala y hasta su presidente, Raúl Plascencia negó su estrecha relación política con Moreno Valle.
Y también por eso, porque la consigna era solapar al gobernador de Puebla, el ómbudsman Raúl Plascencia acudió al lugar del enfrentamiento, en Chalchihuapan, hasta después de un mes de ocurridos los hechos.
UNA FARSA, OTRA FARSA…
Mientras el escándalo crecía, la Procuraduría de Justicia de Puebla realizó una “profunda investigación” y determinó que el niño José Luis había muerto a causa del estallido de un cohetón lanzado por grupos infiltrados “en la legítima protesta” de los comuneros. De todo ello se presentaron “pruebas contundentes”, mientras que nadie pudo acreditar que la policía estatal haya disparado balas de goma.
Más aún, como si se tratara de avalar la investigación del gobierno de Puebla, resulta que la PGR hizo su propia investigación del caso —con mejores elementos científicos—, y determinó que, en efecto, el niño José Luis había muerto a causa del estallido de un petardo. Más aún, la PGR presentó un audio en donde uno de los comuneros que protestan reconoce haber lanzado un cohetón que impactó a José Luis.
Así, cuando parecía que había llegado a su fin el escándalo por la muerte de José Luis —y que había terminado el cochinero que protagonizaron el gobierno de Puebla y la CNDH—, aparecieron las evidencias de que Raúl Plascencia, presidente de la CNDH y Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, no sólo eran aliados políticos, sino que el primero solapaba al segundo con fines políticos y de beneficio mutuo.
EL GRAN TEATRO
El escándalo por esa relación “inconfesable” obligó a los aliados Raúl Plascencia y Rafael Moreno Valle a cambiar de estrategia. Entonces el presidente de la CNDH sorprendió a propios y extraños con una nueva versión de lo ocurrido. Aseguró que “la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo… se debió a las heridas producidas por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por miembros de esa corporación”.
Es decir, que según Raúl Plascencia, mintieron tanto el gobernador Moreno Valle, como su secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas; mintió el Procurador estatal, Víctor Carrancá y, sobre todo, mintió la PGR. Y claro, mintieron los comuneros que aseguraban que la muerte se debió a una bala de goma.
Pero lo cierto es que de nueva cuenta la CNDH fabricó un montaje para simular que sanciona al gobierno de Puebla —que de inmediato aceptó la culpa—, y le ordena crear una Fiscalía Especial. ¿Pero qué creen? Que el fiscal se llama Juan Pablo Piña Kurezyn. Y sí, es incondicional de Plascencia y operador de la campaña presidencial de Moreno Valle. ¿Qué tal? Nueva farsa del ómbudsman que confirma lo que todos saben; que usa la CNDH como propiedad privada y para sus fines personales. Al tiempo.
