Aterriza el 10 de septiembre. El miércoles de la próxima semana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene prácticamente terminada la investigación sobre la muerte del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Puebla. Ese día anunciará sus conclusiones.
El expediente constituye un “misil” al comando de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN. Sin embargo, si se mueve con sagacidad política puede no impactarle directamente. Se puede salvar. Ya le pasó a Enrique Peña Nieto con Atenco, y ya se sabe dónde despacha ahorita.
Según fuentes muy bien informadas, la investigación de la CNDH estaría concluyendo que el niño no murió por una bala de goma disparada por los policías como dicen los activistas, ni por un cohetón lanzado por los manifestantes como sostiene el gobierno.
Basado en sus propios peritajes el presidente de la Comisión, Raúl Plascencia, fue a realizar diligencias personalmente al lugar del enfrentamiento Derechos Humanos divulgará que José Luis murió por la contusión que le provocó probablemente un cilindro metálico de los que se usan para lanzar gas lacrimógeno, y quizá una deficiente atención médica.
Por ello, responsabilizará primordialmente al secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas (cercanísimo al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna) por la presunta falta de información de inteligencia para enfrentar a la masa y por la mala estrategia y capacitación para la contención; al procurador, Víctor Carrancá, por una supuesta mala investigación; y a los policías presentes en el operativo contra los más o menos seiscientos activistas que pedían que el gobierno estatal dejara de quitarle atribuciones a su autoridad local.
Sin embargo, y tal es la puerta de salida para el presidenciable, no habría una acusación, recomendación ni condena directa al gobernador Moreno Valle, sino una exigencia de que actúe para limpiar el expediente y hacer justicia.
El argumento de la CNDH para no imputar directamente al mandatario sería que él no estuvo en el lugar de los hechos y que la ley vigente en el estado lo eximía de responsabilidad.
La llamada Ley Bala, derogada en julio pasado por el Congreso local, facilitaba el uso de la fuerza por parte de la policía y según el gobierno poblano cumplía con todos los protocolos internacionales de la ONU y fue avalada por la CNDH. La Comisión dijo que nunca la avaló, solamente estableció que era constitucional.
La administración de Moreno Valle ha sostenido que 17 peritajes de la Policía Federal determinaron que fue un cohetón lo que mató al niño, pero la CNDH en su expediente contestaría que según le manifestó la propia Policía Federal no fueron dictámenes sino opiniones, lo que les resta fuerza.
A ver qué hace el gobernador con el documento de Derechos Humanos.
SACIAMORBOS El tema se inserta en una doble carrera: la de Moreno Valle por la Presidencia y la de Plascencia por la reelección.
