Ayer la Ley Bala, el tema del asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y la renuncia del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle y de sus secretarios de gobierno llegaron al Distrito Federal, y lo hicieron por varios frentes.
En sus calles se oyó la exigencia de vecinos y autoridades de juntas auxiliares, cerca de 2 mil personas, de “justicia” en el violento hecho, de la liberación de presos políticos y la restitución de la facultad del Registro Civil en los pueblos.
En el Senado la exigencia fue porque se detenga la represión contra transportistas, y corrió a cargo de un grupo de concesionarios del servicio público. En esa misma sede la representación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla presentó su petición formal para que los senadores promuevan la desaparición de poderes en el estado con el argumento de que es “insostenible” la permanencia en el cargo de Rafael Moreno Valle Rosas, y exigieron el cumplimiento de 11 puntos entre ellos, al igual que los presidentes de las juntas auxiliares, la liberación de los presos políticos.
A la par, en la Cámara de Diputados la fracción legislativa poblana del Partido Revolucionario Institucional, pidió las renuncias de los secretarios General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por el violento enfrentamiento de policías estatales contra los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
La misma exigencia que plantearon organizaciones no gubernamentales que trabajan por la libertad de expresión, los derechos humanos en una rueda de prensa que ofrecieron pasadas las 10 de las mañana.
“Que nos venga a contar”
“Que nos venga a contar el gobernador, no somos 16 juntas auxiliares, como dice y declara, somos más 50, que venga a ver. Y que sepa, estamos abiertos al diálogo, pero sin condiciones, en donde podamos revisar sin presiones nuestros derechos constitucionales como ciudadanos del estado”.
La voz de José Salomón Pacio Grande es la última que se escucha en la pequeña e improvisada rueda de prensa que ofrecen el grupo de autoridades de juntas auxiliares que encabezan la marcha que partió de la caseta vieja de San Martín Texmelucan con rumbo al Distrito Federal. Una marcha que hizo un alto en la Cámara de Diputados y luego siguió a la Secretaría de Gobernación federal para plantearle a las autoridades federales sus exigencias, tres básicamente.
Las mismas que han repetido tras el fallecimiento del José Luis Alberto y que están relacionadas con el tema que los llevó a cerrar vialidades ante la cerrazón de las autoridades al dialogo.
Se lo dijo hace unos días el presidente de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes, a una reportera de la ciudad de México: “cuando se acabó la tinta (de las cartas que escribieron al Congreso del estado y a la Secretaría General de Gobierno pidieron les regresaran los registros civiles) comenzaron las protestas”.
Y tras el violento desalojo en Chalchihuapan la lucha de las autoridades auxiliares se convirtió en el epicentro de la protesta social en Puebla ante las imposiciones del gobierno de Rafael Moreno Valle, por eso a la marcha que recorrió la autopista México-Puebla y las calles de la ciudad de México también se sumaron otras organizaciones que también se han visto afectadas, entre los que se encuentran la 28 de octubre, los afectados por el retiro de las concesiones de los verificentros, los afectados con la Ley de Expropiación, además de los inconformes con la construcción del gasoducto Morelos y el arco Poniente.
En palacio legislativo de San Lázaro los manifestantes entregaron una solicitud para que que se inicie el proceso de desafuero contra el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para su posterior juicio político.
En el senado: Morena y transportistas
Horas antes de que saliera la marcha de las autoridades auxiliares, también salió un contingente de concesionarios del transporte público que resultaron afectados con el retiro de la concesión del sistema RUTA con la meta de llegar al Senado de la República.
Ahí, los transportistas coincidieron con el grupo comandado por René Sánchez Galindo, consejero nacional de Morena, y en conjunto montaron un pequeño mitin en donde evidenciaron el clima de represión que se vive en el estado en contra de movimientos sociales y grupos incómodos a las políticas del gobernador, como los transportistas.
En ese mitin, Sánchez Galindo anunció que se formalizaba la petición de la desaparición de poderes en el estado y enumeró los motivos de la exigencia:
a) Libertad a los más de 30 presos políticos y retiro de cargos (detenciones relacionadas con gasoducto, Chalchihuapan, moto taxis y transporte), así como control ciudadano para el respeto a los derechos humanos
b) Respeto y certeza jurídica para los moto taxistas
c) Recontratación del personal del Hospital del Niño Poblano
d) Respeto a ejidatarios, propietarios y vecinos afectados del Proyecto Morelos, así como su cancelación total, por innecesario, altamente riesgoso e ilegal
e) Revocar concesión del Sistema Operador de Agua Potable en Puebla, Pue, detener la privatización en otros municipios y cobro justo de tarifas
g) Cancelar privatización del alumbrado público y otorgar servicio a todos las colonias y municipios del Estado.
h) Derogación de la Ley de Transporte (No al monopolio Estrella Roja)
g) Derogación de reformas a la Ley de Expropiación
h) Derogación verdadera de la ley bala y respeto a la libertad de protesta.
i) Devolución del Registro Civil a las Juntas Municipales Auxiliares.
j) Transparencia en el manejo de recursos y bienes públicos
Una comisión especial: PRI
Fue en el “chacalódromo” del palacio legislativo, es decir en uno de los espacios que se usan para ruedas de prensa y entrevistas banqueteras, adyacente al Salón de Sesiones, según lo contó el portal e-consulta en donde la fracción poblana tricolor ante las sospechas de “manipulación” de las autoridades locales, demandan la creación de una comisión especial en el Legislativo federal para dar seguimiento al caso Chalchihuapan.
“Ante la falta de una versión seria y creíble, alejada de la manipulación del poder, solicitaremos la creación de una comisión especial en la Honorable Cámara de Diputados para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio y en tanto demandamos la separación de sus cargos del Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y del Secretario Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas para que no interfiera en las indagatorias”.
La conformación de la comisión especial llegó unas horas después, según informó la diputada Rocío García Olmedo mediante un comunicado en el que se afirma que “este grupo especial estará conformado por un integrante de cada partido político representado en la Comisión de Derechos Humanos”.
El documento también cita a la diputada priísta: “Se trata de un grupo de trabajo que investigue los hechos que están ocurriendo en el estado de Puebla (…); como organismo autónomo, se encargará de la investigación total de los hechos en el ámbito de derechos humanos y de procuración y administración de justicia, todo en términos del reglamento de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados”.
Y se plantea que la comisión: “podrá solicitar a todas las instituciones competentes, información sobre el avance que llevan las investigaciones, tanto a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como a la Secretaría General de Gobierno (SGG). También a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se le solicitará un informe sobre el avance de la investigación”.
