El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, Sergio Céspedes Peregrina, y el líder de la bancada del PRI, Victor Manuel Giornana, insistieron en que el problema con la llamada Ley Bala no es la normativa sino la aplicación que se hizo de ella en el violento desalojo que se vivió en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
Por ello, puntualizó Céspedes Peregrina, “más que abrogar la ley hay que revisar su aplicación”.
El legislador también señaló que si la salida del secretario de Seguridad Pública o del secretario de general de Gobierno, Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas, respectivamente, abona a que se realice una mejor investigación pues que se vayan.
Por su parte el dirigente de la bancada priísta, Víctor Manuel Giorgana sostuvo que la propuesta del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, de abrogar la Ley Bala “es un distractor, una cortina de humo, es un elemento que pretende llevar la discusión de lo sucedido en Chalchihuapan a otros niveles y otros espacios como es el Congreso del estado”.
Las declaraciones de los dos priísta se producen luego de que la bancada del PRI en el senado de la República presentara un punto de acuerdo en el que sostienen que la ley que se aprobó en mayo pasado a iniciativa del gobernador es parte de la “política criminal implementada” por el mandatario y que ya provocó la muerte del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
El punto de acuerdo en donde se pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga en el caso se señala además que el violento operativo que se realizó en la autopista Puebla-Atlixco, “deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los Derechos Humanos por parte del Ejecutivo”.
No pasará: Giorgana
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, insistió en que lo que falló no es la ley sino la aplicación de la normativa en el operativo de Chalchihuapan, también aseguró que hay fallas en la gobernabilidad.
De hecho, el pasado martes en La Jornada de Oriente se publicó un desplegado firmado por las diferentes fracciones priístas tanto en el Congreso local como en el Congreso de la Unión en donde se pide la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y la comparecencia del responsable de la gobernabilidad en el estado, Luis Maldonado.
Y se exige al mandatario estatal “respete nuestros derechos y nuestra libertad de manifestar cualquier inconformidad”.
Giorgana aseguró que la iniciativa de ley que inicialmente envió el mandatario sí tenía “elementos perversos, elementos de disuasión que incluso permitía el uso de armas de fuego”, pero que tras su discusión en el Congreso local la ley fue corregida e incluso recibió el aval de “instancias especialistas en el tema”
Y concluyó: “Me parece que no debería de proceder la abrogación, la ley ha sido sancionada, ha sido revisada, ha sido evaluada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos corregido puntualmente la iniciativa que envió el gobernador y que ésa sí contenía elementos perversos, elementos de disuasión que incluso permitían el uso de armas de fuego”.
