La acusación fue unánime, gobierno del estado y las fracciones políticas del Congreso vinculadas con el gobernador del estado aseguraron que detrás de las manifestaciones de las Juntas Auxiliares hay grupos organizados que tratan de desestabilizar al estado, y pidieron, también unánime, que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga la investigación sobre lo sucedido el pasado jueves en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.
Aunque la bancada del PAN fue todavía más allá, y en voz de su dirigente, Jorge Aguilar Chedraui, acusó directamente al dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, y a la diputada perredista, Roxana Luna Porquillo de ser los que orquestadores de las protestas que se han generado tras el retiro del Registro Civil de las Juntas Auxiliares.
En su participación en tribuna, luego de que se aprobara un punto de acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas con representación legislativa, Aguilar Chedraui sostuvo: “Pablo Fernández del Campo públicamente anunció que está asesorando a los manifestantes. Roxana Luna dijo que encabezaría las protestas. Yo no creo en la casualidad, estos grupos organizados están siendo incitados al desorden y a la violencia”.
En tonos muy similares se pronunciaron también los coordinadores parlamentarios del Nueva Alianza, Susana Riestra Piña; de Compromiso por Puebla, Germán Jiménez García; y el único diputado de Pacto Social de Integración, Marco Antonio Rodríguez Acosta.
De las fracciones netamente morenovallistas solo el dirigente de la fracción perredista, Carlos Martínez Amador, se abstuvo de acusar a la diputada federal, pues están inscritos en el mismo partido.
Por su parte el dirigente de la fracción tricolor, Víctor Manuel Giornana, defendió, tibiamente a su compañero de partido al señalar que su partido apuesta por la legalidad “y la verticalidad de acciones, y por eso, hoy más que nunca deslindamos al presidente del comité directivo estatal de cualquier acción o posible participación en estos hechos”.
Y sostuvo: “Todo cuerpo policiaco debe ceñirse a lo que esta soberanía ha autorizado, si se violentado las propias disposiciones que hoy rigen su actuar, tendrá que haber sanción, pero también de lo contrario, de comprobarse la participación de agentes promotores y provocadores del conflicto, tendrá que actuarse en correspondencia”.
Fueron los pobladores: SGG
Por la mañana, y sin aceptar preguntas, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, leyó un posicionamiento en el que mantiene la tesis que desde el inicio ha manejado el gobierno del estado, que la grave herida que sufrió José Luis Alberto Tlautle Tamayo fue provocada por un “cohetón” que lanzaron los pobladores.
En su discurso, el funcionario estatal acusó de violentos a los manifestantes y aseguró que iban preparados con “diversos objetos contundentes” como bombas molotov –aunque no presentaron pruebas de ello–, palos, tubos y “piedras de gran calibre”, lo que provocó 46 policías lesionados.
Maldonado Venegas también adelantó que darán vista de las pruebas y peritajes técnicos que han recabado a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al Congreso del estado.
No dimos permiso para matar: PRI
A media mañana, el priísta Víctor Manuel Giorgana, defendió la aprobación a la llamada ley bala, argumentando que se trata de una norma que regula el uso de la fuerza pública “la aplicación de la ley es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno del estado, particularmente de la Secretaría de Seguridad Pública, y nos parece que se debe hacer una investigación exhaustiva”.
Y afirmó: “nosotros tenemos la conciencia tranquila, desde el primer momento dijimos que nosotros no dábamos permiso para matar”.
No existen balas de goma: Franco Rodríguez
El panista, Franco Rodríguez, sostuvo que en el armamento oficial de la policías del estado no existen las balas de goma, pero que si se comprueba que se usaron en el desalojo de la autopista Puebla Atlixco se castigue a los responsables.
El presidente de la comisión de Seguridad Pública, una de las que aprobó la llamada Ley Bala, también se pronunció porque en la investigación del caso intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
