Este se ubica en la calle 16 de septiembre, en el número 13517 de la colonia El Refugio, aquí en la capital del estado.
Decenas de personas laboran a marchas forzadas en un predio de tamaño monumental en la construcción y equipamiento de lo que será vendido desde la retórica oficial como el nuevo modelo de centros verificadores.
La empresa que operará el centro es MPT, Medios y Procedimientos Tecnológicos SA de CV, que se dedica precisamente a la fabricación, compra y venta de equipo ambiental y al desarrollo de proyectos anticontaminantes.
Sospechoso, muy sospechoso.
Y es que, sin duda, los dueños de este nuevo y muy lucrativo negocio contaron en su momento con información privilegiada para conocer con toda anticipación los nuevos lineamientos que normarían la verificación vehicular en el estado e invertir con cero riesgo varios millones de pesos en el proyecto.
La empresa MPT es la principal proveedora de equipos para los centros de verificación propiedad de Jorge Kahwagi, primo hermano del Secretario de Infraestructura del gobierno estatal y virtual contendiente a la minigubernatura, José CabalánMacari Álvaro.
Los nuevos equipos, que por cierto utilizan la misma tecnología que los que ocupaban las máquinas de verificentros clausurados en lo que se refiere a la obtención de hologramas 0 y 00, están listos ya para utilizarse de inmediato.
La mayoría de ellos, por cierto, tuvieron que embarcarse desde Baja California, estado en donde se pretendía echar a andar un programa obligatorio de verificación vehicular , con todas las ventajas para Kawhagi y compañía, y que al final tuvo que ser desechado por el congreso ante el enorme rechazo social que encontró a medida.
La sociedad bajacaliforniana se organizó de tal manera, que al gobernador Kiko Vega no le quedó más remedio que obligar a sus diputados a eliminar la obligatoriedad de la verificación para procedimientos como el cambio de placas o el pago de tenencia y la multa correspondiente por no cumplir con la medida.
Lo anterior aniquiló el potencial de un negocio que en el papel parecía millonario.
Sin embargo en Puebla, gozará de cabal salud.
La resistencia social y el rechazo, por lo menos público, al nuevo programa de verificación han sido prácticamente nulos.
El miedo de empresarios, dueños de centros, a las potenciales represalias aplicadas por el gobierno estatal en caso de oponerse ha sido mucho mayor a las consecuencias de perder, en algunos casos, su principal fuente de ingresos y la de las familias de quienes ahí laboraban.
El costo social de la imposición será muy alto.
Y es que, en los números alegres que ya hacen los privilegiados que operarán los nuevos centros de verificación se calcula que con las nuevas medidas en vigor se minimizarán sus costos y con un mercado cautivo de más de 800 mil vehículos en el estado, sus utilidades crecerán de manera exponencial.
Créame, serán miles de millones repartidos entre muy pocos.
Negocio redondo.
