Una vez más, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) evidenció la opacidad que priva en el estado, lo mismo si es el gobierno de Rafael Moreno Valle que si se trata de entidades académicas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) o ayuntamientos municipales como el Huauchinango.
En el primero de los casos, al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) se le desparecieron los pagos realizados al ex militar colombiano Oscar Naranjo, pues primero clasificó como reservada esa información y más tarde aseguró que es inexistente y que nunca se le pagó un peso por sus servicios de asesoría, a pesar de que los funcionarios del gobierno del estado presumieran la contratación del colombiano.
En el segundo de los casos, la BUAP y el ayuntamiento de Huauchinango, han ignorando peticiones de información de ciudadanos e incluso de la propia Comisión de Acceso a la Información Pública ( la CAIP).
Lo anterior fue revelado esta mañana, durante la sesión plenaria del organismo en donde se acordó emplazar a los dos entidades públicas para que en no más de tres días atiendan los requerimientos que le formuló la CAIP ante la situación.
Trabajo de a gratis
A principios de diciembre del año pasado el gobernador Rafael Moreno Valle reconocía la contratación del militar que fue pieza fundamental en el gobierno del colombiano Álvaro Uribe en el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC):
“Hemos contratado como asesor al ex secretario de Colombia, a Oscar Naranjo, él nos ha estado apoyando con algunos de los criterios técnicos. Creo que siempre es importante el poder aprovechar experiencias exitosas de otros estados y otros países para poder tropicalizarlas a Puebla”.
Sus palabras quedaron registradas en las grabadoras de los reporteros que cubren las actividades del mandatario poblano.
Casi dos meses después la reportera Shanik David presentaba una solicitud de información al CESP en la que pedía conocer cuanto había costado al erario poblano las experiencias y el conocimiento del militar colombiano, en respuesta la dependencia declaró como información reservada esos datos desde el 9 de agosto de 2013.
21 de mayo, casi cuatro meses después de que se presentó la solicitud original, y tras iniciar un recurso de revisión inconformándose ante la respuesta el CESP: “Que después de una búsqueda minuciosa en los archivos de este Organismo, no se encontró registro de pago alguno generado a nombre del C. Oscar Naranjo Trujillo, realizándose en visitas eventuales a la ciudad de Puebla”.
Es decir, que primero dijo que legalmente estaba impedida a dar a conocer los montos del contrato del militar, y cuatro meses después resulta que dicha información no existe, y que las seis semanas que duró la asesoría de Naranjo Trujillo, pues el militar regresó a su país para incorporarse a la campaña reeleccionista del presidente de Manuel Santos, fue a titulo gratuito.
En la resolución de la queja que interpuso la jefa de información del diario El Popular, la CAIP desechó el expediente argumentando que tras una revisión de los archivos se había confirmado la inexistencia y que la misma había sido notificada en su momento a la solicitante.
Al respecto, el presidente del organismo, Javier Sánchez Fregoso, justificó la diferencia en las respuestas señalando que el Sujeto Obligado, es decir el CESP, no supo entregar la información “con precisión” y aseguró que se le recomendó al organismo a no cometer esos “errores”, aunque lo hicieron sin un pronunciamiento oficial de por medio.
La BUAP y Huauchinango ignoran ciudadanos
En la sesión el coordinador general jurídico del organismo, Jesús Sancristobal Ángel, dio a conocer que tanto la BUAP, en tres casos, como el ayuntamiento serrano de Huauchinango, en un solo caso, ignoraron las solicitudes de información de sus ciudadanos.
De acuerdo con Sancristobal Ángel, las solicitudes que involucra a la Máxima Casa de Estudios están relacionadas con información sobre la facultad de electrónica, desde datos sobre el claustro de maestros, promociones y demás, mientras que en el caso de Huauchinango “versa sobre información básica de oficio”.
En todos los casos, explicó el coordinador jurídico de la CAIP, se pidió a los dos Sujetos Obligados a que explicaran al organismo las razones por las que no habían atendido las peticiones, pero también fueron ignorados, por ello, y de acuerdo con lo que establece el artículo 84 de la Ley de Transparencia otorgaron un plazo de tres días a las dos entidades para que atiendan las peticiones de los ciudadanos y de la CAIP.
